CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado en la sesión de control de la Asamblea Regional que «todos los fondos europeos que han llegado a la Región de Murcia para vivienda están tramitados». Además, ha avanzado que, durante la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda Asequible, la Consejería de Fomento «va a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y con todos los sectores implicados» para recoger propuestas y buscar acuerdos que beneficien especialmente a los jóvenes de la región.
El jefe del Ejecutivo ha respondido así a la diputada socialista Carmina Fernández, quien le ha acusado de convertir los recursos comunitarios en «un agujero negro de incompetencia y propaganda». Fernández ha denunciado que, de las 566 viviendas asequibles comprometidas con Bruselas y más de 27 millones de euros recibidos, «solo cinco» han iniciado las obras. También ha advertido del «riesgo cierto» de tener que devolver más de 20 millones de euros a la Unión Europea.
Ha subrayado que el parque regional de vivienda social «sigue siendo raquítico», recordando que en los últimos diez años solo se han promovido 23 viviendas de promoción pública, y que en los últimos cinco «no se ha autorizado ni una sola vivienda protegida». En contraste, a nivel nacional, las autorizaciones «han aumentado un 95 por ciento en el último año». También ha señalado como «fracaso» el decreto ley 3/2025 de vivienda asequible, que fue rechazado por la mayoría de la Cámara, y ha criticado la reprogramación de siete millones de euros de fondos europeos para unas 60 o 65 viviendas, calificándolo de «miseria».
López Miras ha considerado «paradójico» que el PSOE pregunte por fondos europeos «la misma semana» en que se ha conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez «va a renunciar a 60.000 millones de euros». Ha reiterado que «todos los fondos para vivienda están tramitados» y defendido que la región «ha recibido 532 euros por habitante». Además, ha acusado al Ejecutivo central de no ejecutar recursos comprometidos y de haber aumentado de forma muy limitada el parque público de alquiler social, sin cumplir sus anuncios de nuevas viviendas.
En otra pregunta oral del Grupo Parlamentario Popular sobre la valoración del Plan Industrial de la Región de Murcia en el contexto económico y social actual, el portavoz ‘popular’, Joaquín Segado, ha defendido que el Gobierno autonómico «ha dado un paso decisivo» con la elaboración de este documento, que ha sido definido como «una herramienta estratégica para redefinir nuestro modelo productivo» y reforzar el peso de la industria «como motor de empleo y de crecimiento económico». Segado ha enmarcado el plan en un contexto político que ha calificado de «hostil» por parte del Gobierno de España hacia la región, acusando al PSOE y a Vox de conformar una «oposición antinatura» dispuesta a «bloquear en lugar de construir».
López Miras ha respondido que «es difícil centrarse en lo importante con la actualidad que impone cada día el Gobierno de España», pero ha defendido que la economía regional «ha ido bien». Ha destacado que la Región de Murcia «ha sido la que más ha crecido de España» en 2024, con un 4,5 por ciento, «un punto por encima de la media». Además, ha subrayado que las exportaciones «están rozando el 40 por ciento» y que, por primera vez, «se han superado los 700.000 afiliados a la Seguridad Social», con cifras de paro «más bajas de los últimos 18 años».
El presidente ha remarcado que estos datos «no son solo macroeconomía», sino que «se traducen en economía doméstica», atribuyéndolos a un «sólido tejido industrial», a los emprendedores y a que el Gobierno regional «ha generado un buen ecosistema» mediante bajadas de impuestos, moderación fiscal y reducción de burocracia, incluida la cuarta ley de simplificación administrativa.
Ha reivindicado que la región «es también una región industrial», con 32.000 centros vinculados al sector y 6.592 empresas, citando el mapa de cualificaciones y formación industrial, así como la colaboración con el centro de FP de FREMM como piezas claves del Plan Industrial, que, a su juicio, «ha cobrado aún mayor importancia» tras la inoperancia de la Ley de Industria estatal.
Respecto a la seguridad en los mercados y eventos navideños en la vía pública, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha advertido que la criminalidad «no ha dejado de aumentar». Afirmó que en el último trimestre «ha subido un 63 por ciento» la delincuencia grave. Antelo vinculó esta situación a las políticas migratorias del Gobierno central y aludió a atentados en distintas ciudades europeas contra mercadillos navideños, reprochando al presidente de la Comunidad que «no exija» más firmeza a la Delegación del Gobierno en materia de seguridad, reclamando medidas concretas para proteger estos eventos.
López Miras ha manifestado que comparte la preocupación por la seguridad, recordando que «la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado», destacando que las autoridades responsables son el Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno. Ha añadido que «no se trata de echar la pelota al tejado de nadie, sino de ser coherentes con la ley» y defendido que sería «mucho más eficaz» unir fuerzas para reclamar más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, así como la ejecución de infraestructuras comprometidas.
Al mismo tiempo, ha reivindicado la estrategia «Región de Murcia más segura», dotada con más de 120 millones de euros, que prevé la incorporación de más de 3.000 policías locales, nuevas comisarías y sistemas tecnológicos conectados para reforzar la respuesta ante la inseguridad en los municipios de la comunidad.
Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha preguntado por las actuaciones para reforzar la protección frente a incendios en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Marín recordó el incendio registrado en agosto de 2015 en el centro y repasó una cronología que relaciona otros siniestros como los de la Torre Grenfell en Londres, la Torre Ámbar en Madrid o el edificio de Campanar en Valencia, todos con recubrimientos similares, según informes técnicos. También señaló que en febrero de 2025 la Asamblea aprobó una moción de su grupo para sustituir la cubierta inflamable del hospital, denunciando «diez años sin que su gobierno haya hecho absolutamente nada», un periodo en el que, según su juicio, se ha puesto en riesgo a los 279.000 usuarios del área y a los profesionales sanitarios, calificando la cubierta como «una auténtica bomba de relojería».
El presidente de la Comunidad ha replicado que la diferencia entre el Gobierno y la oposición es que esta «puede decir lo que quiera sin rigor técnico», mientras que el Ejecutivo «solo puede hablar desde el rigor» y supeditar sus decisiones a los informes técnicos. Recordó que, tras el incendio de 2015, la Consejería encargó un informe técnico que acreditó que todos los elementos de construcción y materiales del Hospital Santa Lucía «cumplían con la normativa vigente». Detalló que se revisaron los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones, se reforzaron las comisiones de autoprotección y los simulacros de incendios. Además, destacó la «excelente profesionalidad» de los sanitarios y de los bomberos, que evacuaron y movilizaron a 113 pacientes durante aquel incidente, insistiendo en que el Gobierno regional toma sus decisiones «en base a criterios técnicos y no a relatos políticos».
