Vitoria, 11 de diciembre. El PNV y el PSE-EE han aprobado en solitario su Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo. Esta nueva legislación introduce diversas medidas destinadas a flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para fomentar la construcción de viviendas. Una de las principales modificaciones es la reducción de la reserva de vivienda de protección pública del 75% al 60%.
La aprobación de esta ley en el Pleno del Parlamento Vasco contó con 39 votos a favor, provenientes de los grupos PNV y PSE-EE, frente al rechazo de los 35 parlamentarios de EH Bildu, PP, Sumar y Vox. No obstante, durante la votación de ciertos apartados del texto se registraron algunas abstenciones.
La ley subraya la urgencia de adoptar «medidas integrales y estructurales» para revertir la actual emergencia habitacional. Se establece que es necesario implementar medidas que aumenten la oferta de vivienda, especialmente de protección en todas sus variantes, y se busca garantizar el acceso a una vivienda digna. Además, se revela que Euskadi cuenta con suelo calificado que podría albergar más de 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 serían protegidas, las que actualmente no se movilizan debido a condiciones urbanísticas, económicas y ambientales, impidiendo que estos recursos cumplan su función social.
En este contexto, la ley también permite aplicarse un incremento del 10% en la edificabilidad urbanística en actuaciones prioritarias. Este aumento se destinará en su totalidad a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo un mínimo del 55% para la vivienda de protección social, mientras que el otro 5% será para vivienda de protección tasada.
Se proponen medidas para flexibilizar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y edificios ya existentes. También se introduce un régimen sancionador en relación a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Se contempla la posibilidad de ubicar alojamientos dotacionales sin necesidad de modificar su calificación, justificando que el equipamiento inicial ya no es necesario.
Además, se permite al Gobierno Vasco y a otras administraciones públicas promover viviendas de protección pública en municipios rurales y en aquellos con una población igual o inferior a 3.000 habitantes. En cuanto a consideraciones ambientales, se identifican supuestos para una evaluación ambiental estratégica simplificada en relación con los planes de ordenación estructural y otros instrumentos de ordenación.
La legislación contempla la suspensión de la presentación de declaraciones responsables para las nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, argumentando que esta medida busca proteger el derecho a la vivienda. Con esta ley, se establece una necesidad imperiosa de agilizar la cesión de suelos por parte de la comunidad hacia el Gobierno Vasco con el fin de crear una reserva estratégica de suelo.
Durante la discusión de la ley, Jonatan Moreno, parlamentario del PNV, defendió que la ley está centrada en buscar soluciones para los problemas de la clase media y de la juventud del país, alejándose de los extremos ideológicos. En contraste, el parlamentario y secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, explicó que el actual «complejo entramado legal y burocrático» prolonga los procedimientos urbanísticos, dificultando las respuestas que la población necesita.
Xabier Astigarraga, de EH Bildu, criticó la falta de voluntad de negociación del PNV y del PSE, acusando a ambos de tramitar la ley de forma acelerada. En términos similares, Ana Morales, del PP, calificó la reducción de la reserva obligatoria para vivienda social como «absolutamente insuficiente» y planteó el modelo de vivienda de su partido como alternativa. Asimismo, se cuestionó si la reducción de la reserva de suelo realmente pone el interés general por encima de los beneficios de los promotores.
A su vez, Jon Hernández de Sumar expresó que la reducción de la reserva para la vivienda protegida busca incentivar el beneficio económico de algunos a expensas de los derechos de acceso a la vivienda. Por su parte, Amaia Martínez de Vox denunció que la propuesta de ley incluye medidas que constituyen un «ejercicio abusivo» de la función social de la vivienda.
En conclusión, la nueva legislación plantea cambios significativos en la política de vivienda en Euskadi, buscando atender la emergencia habitacional, pero también ha suscitado críticas y advertencias sobre las implicaciones para el acceso a la vivienda y el bienestar social.
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