PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) – El Parlament, con los votos a favor del PP y de Vox, ha convalidado el decreto de aceleración de proyectos estratégicos y, por lo tanto, ha desbloqueado el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca.
El pleno de este martes ha debatido por segunda vez la admisión de esta normativa después de que el pasado 30 de septiembre los de Santiago Abascal lo tumbaron tras su primera aprobación por parte del Consell de Govern. Tras ello, y con la votación fallida del techo de gasto de por medio, el Ejecutivo autonómico retomó las negociaciones con Vox para volver a llevar este decreto al Parlament, algo que consiguieron tras eliminar la posibilidad de la aceleración para los proyectos de energías renovables, que irán por la vía ordinaria.
Para los de Abascal era imprescindible eliminar todas las referencias -veladas, pues no aparecían de forma explícita en todo el texto- a la Agenda 2030, algo que en el nuevo decreto creen haber conseguido. El pasado 5 de diciembre el Consell de Govern volvió a aprobar el texto, con «ligeras modificaciones», y este martes ha recibido el visto bueno de la Cámara autonómica.
El decreto, tras pedirlo el PP y aceptarlo Vox y el PSIB, se tramitará ahora como proyecto de ley.
«UN CAMBIO PROFUNDO»
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sido el encargado de defender un texto que ha considerado que supondrá «un cambio profundo en la manera en la que la administración entiende y gestiona los proyectos estratégicos» y permitirá avanzar en «la transformación del modelo económico».
«Por primera vez tendremos un marco normativo único, coherente y claro que sustituye una regulación dispersa y muchas veces confusa, marca unas reglas del juego previsibles tanto para el sector público como el privado», ha explicado. Eso, ha reivindicado, es «fundamental para dar credibilidad institucional» en un contexto en el que Baleares «compite en un entorno cada vez más exigente en el que el talento, la inversión y los proyectos transformadores comparan territorios, administraciones y capacidad de respuesta».
«Baleares arrastra desde hace demasiado tiempo una dificultad estructural para ejecutar proyectos clave dentro de plazos razonables», ha apuntado. El vicepresidente primero del Govern también ha hecho referencia al primer intento fallido de convalidar el decreto y ha aplaudido el hecho de que tanto el PP como Vox hayan sido capaces de consensuar un nuevo texto.
«Cuando hace unos tres meses este mismo decreto no obtuvo la mayoría necesaria de la Cámara algunos quisieron hablar de un supuesto bloqueo de la legislatura e instalar la idea de que ya no sería posible llegar a acuerdos. Pero hemos continuado negociando y dialogando, especialmente con nuestro socio preferente», ha expuesto.
LAS POSICIONES DE LOS GRUPOS
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha congratulado por haber eliminado «el caballo de Troya de la Agenda 2030» y haber conseguido «una depuración radical» de un texto que, a su parecer, «solo buscaba favorecer a las energías renovables».
«Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares«, ha afirmado. El ‘popular’ Jordi López, por su parte, ha mostrado su «firme convicción» de que la nueva normativa permitirá «acabar con una burocracia excesiva que durante años ha actuado como freno del progreso».
La hará, ha asegurado, sin eliminar «controles ni garantías, solo duplicidades y procedimientos que paralizan y ahogan la iniciativa económica». En contra del decreto se han posicionado todos los grupos de izquierda. El diputado socialista Llorenç Pou ha afeado al Govern que haya accedido a eliminar todas las medidas medioambientales que contemplaba la primera versión del texto.
«Siempre tiran su línea roja atrás, atrás y atrás», ha criticado. También ha considerado algo propio de «iluminatis» pensar que con un solo decreto conseguirán «transformar el modelo económico». El diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, ha reprochado a Costa su «incapacidad negociadora» por haber cedido a las demandas de Vox y se ha mostrado escéptico acerca de los beneficios del decreto.
«No sabemos cuáles son las inversiones que se quieren atraer», ha dicho el ecosoberanista. También ha afeado al Govern su «pereza» a la hora de legislar por apostar por la vía del decreto pese a que las normativas no son urgentes. El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha considerado que lo que defiende el decreto es «un modelo muy anticuado, el de ‘Bienvenido, Mister Marshall’, de que vengan de fuera con muchos millones a invertir en Baleares» mientras discrimina a los proyectos pequeños y locales.
El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha afeado al Govern que haya accedido a pasar el decreto «por el filtro del negacionismo climático y energético de la ultraderecha«.
RESIDUOS DE IBIZA
El decreto, entre otras cosas, otorgará cobertura legal al acuerdo alcanzado entre los consells insulares y el Govern para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca de forma temporal, que se podrá comenzar de forma inmediata y legal. Este pacto fue adoptado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y permite que los consells de Ibiza y Mallorca acuerden las eventuales condiciones del traslado de residuos.
Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, reza el texto, se prevé realizar una prueba piloto. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50.000.000 euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidades.
PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO
El texto convalidado, en líneas generales, también permite la creación de la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) para agilizar, simplificar y acompañar a este tipo de proyectos públicos y privados. Paralelamente, se regulará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como unidad técnica de apoyo para impulsar, apoyar y acompañar PEIE privados.
Un proyecto privado podrá ser PEIE por dos vías. Por un lado, por cumplir con unos criterios de inversión mínima según el sector al que se dirija (0,5 millones en proyectos agrarios; 3 millones en sectores de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua, o 10 millones en cualquier otro sector) o con unos criterios de creación de empleo estable (20 o más puestos de trabajo a jornada completa anual, 10 o más en sectores o zonas con difícil cobertura, 5 o más en proyectos agrarios, o el mantenimiento de 25 o más puestos en riesgo).
A cambio, los PEIE tendrán tramitación preferente y simplificación administrativa, con una reducción de los plazos hasta la mitad en muchos casos, y un acceso prioritario a financiación y subvenciones. En cuanto al sector público, se eliminará la caducidad de la declaración PEIE a los dos años. El ámbito de aplicación se extenderá a todo el sector público autonómico e insular, incluyendo entidades como las fundaciones.
