La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por presuntas irregularidades en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo. Este comunicado se produce en el contexto de la reciente atención mediática sobre el manejo de los expedientes de evaluación ambiental.
La denuncia está dirigida a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y menciona específicamente a Eugenio Jesús Domínguez Collado, quien fue subdirector general de evaluación ambiental. Según el portavoz de la plataforma, Javier Oquendo, las pruebas acumuladas sugieren un trato “claramente favorecedor” y potencialmente ilegal en favor de los proyectos de Forestalia.
Oquendo detalló que la ley establece que estos trámites deben ser llevados a cabo únicamente por funcionarios públicos, lo que plantea interrogantes sobre las competencias y la legalidad de los procedimientos seguidos. La plataforma ha solicitado información en 14 ocasiones sobre los funcionarios responsables, pero ha recibido respuestas evasivas.
Dudas sobre la Regularidad del Procedimiento
Las irregularidades plantean serias dudas, especialmente tras revelarse la existencia de tres informes técnicos que cuestionan el proyecto. Entre ellos se encuentra un informe de la Dirección General de Medio Natural y otro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Oquendo subrayó que en las Cortes de Aragón ya se había planteado esta problemática, aunque no se le dio la relevancia necesaria.
Como ejemplos del trato de favor, Oquendo citó casos específicos en la Comarca de Matarraña, donde dos proyectos idénticos recibieron resoluciones distintas. El proyecto de Forestalia obtuvo una DIA favorable mientras que el de Green Capital fue rechazado a pesar de presentar argumentos similares.
Una situación análoga ocurrió con un proyecto de evacuación entre Biota y Olite, donde dos trazados de 50 kilómetros también recibieron evaluaciones ambientales opuestas.
Revisión de los Expedientes de Forestalia
La plataforma revisó los expedientes de Forestalia entre 2021 y 2023 y detectó que de 36 proyectos, solo tres, los de menor potencia, fueron rechazados. Además, Oquendo informó que no había documentación adecuada que pudiera identificar a los funcionarios a cargo de la tramitación.
Estos indicios fueron respaldados por testimonios de funcionarios que afirmaron que los expedientes eran gestionados directamente por Domínguez y que posteriormente eran externalizados a TRAGSATEC, un proceder considerado ilegal.
La plataforma ha decidido enfatizar esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentando la necesidad de que la justicia investigue cualquier posible delito. Oquendo también expresó que esta denuncia busca frenar el inicio de las obras, ahora bajo la responsabilidad de la empresa CIP, que ya había validado la viabilidad económica de Forestalia en 2020.
Por último, advirtieron que cualquier acción en el terreno podría causar daños ambientales “irreversibles”, sustentados en una DIA cuya tramitación es considerada potencialmente fraudulenta.
