ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) – Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería), ha sostenido que existen «indicios» de que la autora del crimen, Ana Julia Quezada, «cobró un adelanto» por el documental que pretendía grabar mientras cumple condena de prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva (Ávila).
Ramírez ha realizado estas declaraciones en una entrevista en el programa ‘Hoy en día’ de Canal Sur TV, después de que la Audiencia Provincial de Almería denegara el recurso presentado por la defensa de Quezada y avalara el embargo de su peculio y de cualquier otro ingreso para hacer frente a la indemnización fijada a favor de los padres del pequeño Gabriel.
Resolución judicial y derechos de las víctimas
La resolución judicial respalda que el peculio de la condenada y «cualquier otra pensión o asignación que pudiera corresponderle» son embargables, al considerar que sus necesidades básicas ya están cubiertas en prisión y que cualquier excedente debe destinarse al pago de la responsabilidad civil.
En este contexto, Ramírez ha cuestionado la imagen pública que, a su juicio, se ha proyectado de la condenada en algunos momentos y ha rechazado que se aleguen dificultades económicas para eludir el cumplimiento de la condena. «Si no tiene para fumar, que se fastidie, que cumpla su pena, como cualquier preso, con todas las garantías», ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que se respeten los derechos de las víctimas.
Investigación de bienes y ejecución de la sentencia
Asimismo, la madre del menor ha indicado que ha tenido conocimiento por terceros de distintas circunstancias relacionadas con la interna, tales como que «trabaja hace tres años», que «tiene teléfonos» o que «está haciendo un documental sin mi consentimiento y con videollamadas ilegales». Según ha señalado, no ha recibido información oficial sobre estos asuntos, a pesar de los derechos que reconoce el Estatuto de la Víctima del Delito.
Ramírez ha recordado que siguen pendientes diligencias para investigar posibles bienes de la condenada fuera de España, en concreto en República Dominicana, donde ha apuntado que existían referencias a una vivienda. «Han pasado siete años para seguir la pista de esa vivienda» y, pese a las gestiones realizadas ante distintas instancias, «nadie nos ha dado explicaciones», ha lamentado.
La madre ha insistido en la necesidad de que se garantice la ejecución efectiva de la sentencia, reiterando que «la reparación es un derecho universal» y censurando que se sucedan nuevos recursos mientras continúa sin cumplirse la responsabilidad civil impuesta por los tribunales.
Detalles del caso de Ana Julia Quezada
Ana Julia Quezada fue condenada en septiembre de 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz y a indemnizar con 500.000 euros a sus padres, 250.000 euros a cada uno por daños morales. La sentencia también fijó en 200.203 euros el importe correspondiente a los gastos asumidos por el Estado durante las labores de búsqueda del menor.
