VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) – Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, con la particularidad de que el Gobierno autonómico ha tenido que prorrogar de forma consecutiva las cuentas de 2024, las cuales han estado en vigor en 2025 y se mantienen al inicio de 2026, que, además, es un año electoral.
Las cuentas vigentes en Castilla y León ascienden a 14.562 millones de euros y fueron aprobadas el 30 de abril de 2024 por el entonces gobierno de coalición del PP y Vox. Esta aprobación puso fin a la prórroga de las cuentas de 2023, que fueron las que comenzaron ese año.
La de 2026 representa la novena prórroga presupuestaria en la historia de la Comunidad Autónoma y la sexta en los últimos siete años: 2026, 2025, 2024, 2022, 2021 y 2020. De este modo, Castilla y León solo ha iniciado con nuevos presupuestos el año 2023, en ese caso sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno autonómico no llegó a registrar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025, quedándose en anteproyecto, en esta ocasión la Junta sí registró las cuentas para 2026. Estas cuentas iniciaron la tramitación parlamentaria hasta ser rechazadas el 20 de noviembre en el debate de la enmienda a la totalidad, apoyada por los cuatro grupos en la oposición: Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores Pablo Fernández y Francisco Igea, del Grupo Mixto.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Gobierno autonómico logró sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2026, gracias a la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en ambos ejercicios, lo que facilitó la tramitación del presupuesto que, en esta ocasión, se quedó a medio camino.
Esta situación ha llevado a Castilla y León a comenzar 2026 con una segunda prórroga de las cuentas vigentes, que fueron aprobadas en solitario por los entonces socios de Gobierno en la Junta, PP y Vox, sin introducir ninguna de las 2.305 enmiendas parciales de la oposición que llegaron a la última fase parlamentaria en abril de 2024.
No obstante, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido a volver a registrar el proyecto de presupuestos de 2026 cuando el Partido Popular logre una nueva mayoría tras las elecciones que se celebrarán este año, con un límite para la cita con las urnas establecido para el 15 de marzo.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el miércoles 31 de diciembre el Decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos de 2024. Según el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, esta prórroga «parte de una ventaja» al contar con un límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes, que fija la capacidad de gasto para el nuevo ejercicio y sirve de referencia «en términos de déficit, deuda y regla de gasto».
El Decreto, firmado por el presidente de la Junta y por el titular de Economía y Hacienda, subraya el acuerdo del CPFF del pasado 17 de noviembre, que consideró adecuadas las medidas correctoras incluidas en el Plan Económico Financiero para los años 2025-2026 presentado por la Comunidad, en relación con el cumplimiento de las reglas fiscales.
En este marco, el Decreto establece la necesidad de implementar normas de gestión del gasto aplicables a los créditos de la prórroga del presupuesto de 2024 a 2026. Además, garantiza la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos desde enero, y asegura el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención y extinción de incendios. Asimismo, establece que la prórroga no afectará a los créditos destinados a gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda extenderse.
ANTERIORES PRÓRROGAS
La anterior prórroga a las consecutivas de 2026 y 2025 fue precisamente en 2024, año que comenzó con las cuentas de 2023, que sí habían sido aprobadas el 1 de enero, como manda la tradición, aunque sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Esto ocurrió tras un «error» o «malentendido» de los grupos que sustentan a la Junta, al aceptar enmiendas parciales del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma que finalmente fueron rechazadas.
El precedente de prórroga presupuestaria fue el de 2022, que comenzó con cuentas prorrogadas debido a la disolución de las Cortes y el adelanto electoral que se produjo poco antes del pleno de debate de enmiendas parciales negociadas por el entonces Gobierno conjunto del PP y Ciudadanos con Por Ávila.
A diferencia de lo que sucedió en 2019 o 2020, cuando no se tramitaron las cuentas, en esa ocasión la Junta de Castilla y León sí presentó el proyecto de presupuestos para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros. De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y solo quedaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno que se realizaría los días 22 y 23 de diciembre, donde se habían presentado 1.771 enmiendas a las cuentas y 67 al articulado. Este debate se truncó por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el 21 de diciembre.
Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018, que llevó a que 2021 comenzara con cuentas prorrogadas; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017. En ambos casos, las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en 2018 para 2019 ni en 2019 para 2020.
El expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, optó por la prórroga en dos ocasiones: la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el año siguiente, y la segunda en 2017, cuando las entregas a cuenta que enviaron desde el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda, y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.
La prórroga de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo, cuando se aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 % menos, volviendo a niveles de 2007. En el segundo caso (de 2016 a 2017), el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un total de 10.293,18 millones, un 4,7 % más. Por último, la tercera prórroga de este ciclo se produjo de 2018 a 2019, cuando la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos.
