La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, ha desarrollado la operación ‘Diacampo’ en la comarca del Guadalentín. Esta iniciativa permitió detectar que 11 ciudadanos extranjeros trabajaban en fincas agrícolas de Mazarrón y Águilas sin contrato.
La operación culminó con la detención o investigación de seis personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Detección de trabajadores sin contrato
En Mazarrón, el equipo del Instituto Armado detectó a tres ciudadanos extranjeros sin contrato de trabajo realizando tareas agrícolas en una finca, quienes desconocían para qué empresa trabajaban.
Las labores de investigación permitieron localizar a dos capataces y dos empresarios que han resultado investigados como presuntos autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.
Hallazgo en Águilas
En Águilas fueron localizadas ocho mujeres originarias de Marruecos, mientras realizaban tareas agrícolas sin contrato, además de carecer de la documentación necesaria para su estancia legal en territorio nacional.
Metodología delictiva
Las pesquisas realizadas permitieron conocer que el ‘modus operandi’ empleado se iniciaba en zonas urbanas de Lorca. Allí, las víctimas subían a un furgón que las trasladaba hasta las fincas, sin conocer su ubicación, las condiciones de trabajo, el horario de la jornada y el sueldo que iban a percibir, que era muy inferior al establecido para el sector.
Además, las trabajadoras no contaban con el material adecuado para desarrollar su trabajo, ni con un equipo de protección individual. En este contexto, se localizaron y detuvieron a dos personas vinculadas con la autoría de supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Asistencia a las víctimas
Los 11 trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España, un paso crucial en la búsqueda de justicia y reparación en situaciones de explotación laboral.
