Valladolid, 8 Ene. (EUROPA PRESS) – «En este procedimiento queda claro que se han vulnerado tres principios básicos: los de objetividad, transparencia y libre competencia», declaró este jueves el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz. En su informe, el fiscal considera «acreditados todos los hechos y la participación de cada uno de los once acusados que quedan en el procedimiento». A su juicio, en la cúspide se encuentra quien fuera primera viceconsejero de Economía y luego secretario de dicho departamento, Rafael Delgado, a quien considera el alma mater de los supuestos chantajes sufridos por empresarios eólicos para que dieran entrada en el negocio a determinados socios locales o que vendieran a estos sus parques.
Durante la fase crucial de la exposición de conclusiones, el acusador público advirtió que la presente causa «no pretende juzgar si España es un país de libre mercado o de una economía dirigida, ni tampoco si todas las autorizaciones en el sector entre 2000 y 2015 son delictivas, sino determinar la licitud de unos hechos concretos». Esto se refiere a aquellas situaciones en las que algunos empresarios que decidieron apostar por el sector eólico se vieron obligados a renunciar o a vender sus parques. En esta categoría, se incluyen a los representantes de sociedades como Canon Power, Ider, HN Generación, Ibervento, Altos del Rasero y Augusta Wind.
Como punto de partida de esta supuesta trama, el acusador público ubicó la instrucción 2/2004, en virtud de la cual el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, monopolizó la facultad de autorizar parques, atribución que anteriormente pertenecía a los jefes de servicio de Industria de las nueve provincias de Castilla y León.
Herranz denunció que «la normativa que establecía que las autorizaciones correspondían a estos funcionarios fue borrada». No está claro si por un invento de Delgado y Ricardo Bravo, de Iberdrola, o si se trataba de una práctica ya común en otros sitios, pero lo cierto es que estamos ante unos hechos delictivos. Dicha herramienta de la avocación debería haberse aplicado de forma excepcional y no genérica para todos los proyectos, como se hizo, «vulnerando el espíritu de la ley y la ley en sí misma».
El fiscal enfatiza que esta orden obedeció a motivos que desde entonces fueron denunciados, especialmente por los empresarios Gregorio Álvarez Cobreros y Ricardo Fuster, de Ibereólica y Canon Power, respectivamente. Durante el juicio, confirmaron el chantaje sufrido para dar entrada a socios predeterminados por Delgado y compañía, algo que «no contempla la ley ni el ordenamiento jurídico». Es significativo que antes de la instrucción de 2004 y en una etapa posterior a la investigada se dejó de exigir este requisito, «que casualmente se imponía con Rafael Delgado como viceconsejero de Economía».
Listados de parques incriminatorios
Entre las pruebas de los delitos, como la prevaricación y cohecho o tráfico de influencias, Tomás Herranz ha citado los listados de parques elaborados y la evolución administrativa registrada en algunos casos investigados, como el de Preneal. A pesar de no tener garantizada la evacuación, estas instalaciones pasaron a figurar sombreadas en amarillo, lo que significaba que su evolución se preveía favorable «una vez que se produjo el pago del precio a Industrias San Cayetano», implicando a Alberto y Francisco Esgueva.
En detalle, la acusación pública ha advertido que empezaron a circular otros listados de nuevo formato, totalmente distintos de los de evacuación que se elaboraban en la Junta. Estos nuevos listados eran creados por Iberdrola y ya incluían el nombre de los promotores, futuros promotores y los parques a ceder. «La columna de parques a ceder ya venía hecha», ha especificado el fiscal, sugiriendo que detrás de esto está la mano del directivo de Iberdrola, Ricardo Bravo, lo que implicaría «connivencia entre la hidroeléctrica y Rafael Delgado».
Delgado alegó en el juicio que la decisión de imponer la entrada de socios locales partió del consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera esa versión como «una mera excusa» y entiende que no ha quedado probado a lo largo de todo el proceso judicial que el máximo responsable del departamento participara en los hechos. Entre los principales beneficiarios, se encuentran San Cayetano Wind, de Alberto Esgueva, y el Grupo Collosa de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente. A estos últimos, se les acusó de «alardear de influencias» al hacerse con proyectos de Ibervento tras manifestar que estos parques eólicos solo podrían ser reconducidos ante la Administración regional con la incorporación de un socio local.
El fiscal también citó a Alberto Esgueva como un beneficiario clave, debido a los 47 millones de euros obtenidos de Iberdrola tras asociarse con dicha compañía a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana, vendiendo acciones por las que había pagado tan solo 24.000 euros.
Se preguntó irónicamente: «¿Es casualidad que Alberto Esgueva coincidiera con Delgado cuando el primero era consejero delegado de Excal y el segundo presidente de ese organismo?», refiriéndose al hecho de que San Cayetano recibió un «especial trato de favor» durante todos los hechos enjuiciados, «pese a no haber hecho nada».
A lo largo de más de dos horas de intervención, el representante de la acusación pública también hizo mención a la implicación de otras personas acusadas. En el banquillo figuran once personas tras la retirada de cargos contra dos directivos de Iberdrola. Se han mencionado al supuesto testaferro de Delgado, el letrado Jesús Rodríguez Recio, quien movería dádivas dinerarias a través de sociedades offshore en Mónaco y Suiza, así como a Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, quien obtuvo un total de 4 millones de euros de Iberdrola tras ofrecer un terreno para la instalación de un parque eólico en Villardefrades (Valladolid).
El conjunto de penas para los once acusados asciende a 116 años y las multas a 648 millones de euros. La mayor pena está dirigida a Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros. Le siguen Alberto Esgueva, con 12 años y 68 millones de multa; Germán José Martín Giraldo, con la misma pena de cárcel y 14,5 millones, y Jesús Rodríguez Recio, con 10 años y medio de prisión y 25 millones.
Expuestos a seis años de cárcel figuran Ricardo Bravo, los hermanos Llorente, y Andrés Martín de Paz. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y una multa de 215.000 euros.
