El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha comentado que la ley tiene la función de «regular de forma ordenada» el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias y cuenta con el aval del Consejo Consultivo, aunque alerta de inconstitucionalidad de algunos artículos, así como del Consejo Económico y Social.
Barreto ha indicado que se respeta el «pluralismo democrático» a pesar de la coincidencia de la Junta de Control y el mandato del Parlamento. Además, ha señalado que se han incorporado medidas pactadas con el sindicato mayoritario de RTVC para que los servicios informativos no sean subcontratados y que se subrogue el personal.
La consejera ha calificado la ley de 2014 como «ineficaz» y un «fracaso», destacando que llevamos una década sin un mandato marco aprobado. Considera que el servicio público «no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos conforme pase el tiempo».
Barreto ha alertado sobre la situación «crítica» y el «bloqueo» que ha sufrido RTVC, enfatizando la necesidad de una nueva ordenación. «Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios», ha afirmado.
Carmen Hernández (NC-BC) ha criticado la «cacicada» del Gobierno, calificando el proyecto de ley como «ilegal y antidemocrático», señalando que «atenta contra» el sistema democrático, como ha puesto de relieve el Consejo Consultivo. «Hoy debatimos quién controla la Televisión Canaria», agregó.
La diputada comentó que se está diseñando una televisión pública «más cómoda al poder político, más útil al Gobierno», aludiendo a que lo que se busca es «secuestrar» al ente en favor de Coalición Canaria de cara a las elecciones.
Hernández advirtió que el bloqueo no se resuelve, sino que se reproduce, beneficiando al Gobierno. «Todo el poder se concentra en una sola persona, designada por el Gobierno, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales», destacó.
La diputada también subrayó que se «vacía de contenido» la Junta de Control, otorgando «plenos poderes de gestión, de contratación y de línea editorial» a una sola persona, el administrador general.
Además, afeó al Gobierno por no haber buscado consenso en esta legislatura. Como contrapropuesta, NC-BC ha planteado crear una Junta de Control con un miembro de cada grupo parlamentario, ampliándose en función de la representatividad y los criterios de proporcionalidad.
Hernández pidió dejar claro que se debe proteger el empleo estable de los trabajadores de RTVC, ya que es «imprescindible» para salvaguardar la independencia editorial.
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, criticó las «imposiciones y las urgencias» del Gobierno de Canarias, que ni siquiera ha intentado dialogar con la oposición en un «asunto nuclear», evidenciando el «modo Clavijo» de gobernar. «Usted nos pide consensos para lo que usted considera grandes temas, pero para esto, usted lo convierte en portazos a este Parlamento», le reclamó al presidente, tildando a la nueva ley como la «ley Clavijo».
Fierro atacó la «barra libre de contratos» que se abre con la nueva ley y al «comisario político», César Toledo, administrador general, que ha iniciado un «sistema de presión insoportable para los trabajadores». No comprende la «urgencia» para tramitar la nueva ley y reprochó la «vinculación» del Gobierno con RTVC, así como que se reduzca el «peso» del Parlamento. Además, advirtió que el Consultivo alerta sobre la inconstitucionalidad de muchos artículos, comprometiendo la neutralidad institucional.
AHI: ACABAR CON UN RÉGIMEN TRANSITORIO
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), expresó que este proyecto de ley busca superar las «anomalías institucionales» del control de RTVC, que ha operado «en un régimen transitorio y provisional». Se busca una «salida democrática» para garantizar el «pluralismo político, social y territorial, reforzar la identidad canaria y asegurar el derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural».
Lamentó que haya sido «imposible» constituir el órgano de control parlamentario, señalando que la oposición hace un «flaco favor» a los trabajadores de RTVC cuando fiamos su buen funcionamiento a la Junta de Control.
Melodie Mendoza (ASG) afirmó que RTVC no puede seguir funcionando desde la «provisionalidad» y vivir en la «excepción», y destacó que la ley «no nace contra nadie» sino a favor de la «estabilidad». Cuestionó la «parálisis orgánica» y el «bloqueo» del ente en los últimos años, afirmando que el nuevo modelo de gobernanza busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia. «No estamos ante una ley que concentre poder», agregó.
Mendoza también señaló que se «blinda» el carácter público de los informativos y se otorgan «garantías de continuidad laboral» a la plantilla.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, argumentó que el objetivo de la ley es derogar la de 2014 para que el ente «dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC», acusando al Ejecutivo de no haber intentado «desbloquear» la situación en esta legislatura. Jover también advirtió de que la Junta de Control y el administrador general pueden ser «susceptibles de presión política», poniendo en riesgo la independencia editorial y operativa, y criticó la falta de pluralidad en la programación de la radio y la televisión, así como el «despilfarro» con un aumento del presupuesto.
PP CRITICA LAS «TRAMPAS» EN RTVE
Carlos Ester (PP) reprochó a los socialistas las «trampas» que se hacen en RTVE, con «sesgo político» en los informativos y defendió que la nueva ley de RTVC dará «orden y limpieza» ante las «deficiencias» de la ley de 2014, que obligaba a gestionar a través de decretos. Criticó las «mentiras» del PSOE, argumentando que habrá «control parlamentario», presentando como aval del Gobierno la firma del convenio colectivo en «Radio Canaria».
Vidina Espino (CC) enfatizó que la ley es necesaria para poner fin al «bloqueo institucional» de la última década y las medidas provisionales que se han cronificado, criticando a PSOE y NC-BC por votar en contra de los miembros de la Junta de Control. La ley mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación, pero si no hay acuerdo, en una segunda votación los miembros pueden ser designados por mayoría absoluta, siguiendo un esquema similar al del director general.
Espino valoró que por primera vez se «blinda» el carácter público de los servicios informativos, desmintiendo las «falsedades» de PSOE y NC-BC, y expresó su deseo de que la ley salga con el mayor consenso posible. Además, observó las «contradicciones» de PSOE y NC-BC en la pasada legislatura, cuando se dedicaron a «ampliar y ampliar» las competencias del administrador general, Francisco Moreno, mientras que durante el ‘Pacto de las Flores’ existía «teleRomán».
