SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Canarias y los Cabildos insulares de la provincia occidental han firmado este viernes el convenio de Dependencia 2025-2028, dotado de más de 1.630 millones de euros destinados a cubrir los costes de las personas beneficiarias en la comunidad autónoma.
En una rueda de prensa, los presidentes insulares Rosa Dávila, Casimiro Curbelo, Alpidio Armas y Sergio Rodríguez, junto a las consejeras de Bienestar Social y Sanidad, Candelaria Delgado y Esther Monzón, así como el presidente Fernando Clavijo, han formalizado este acuerdo que permitirá llevar a cabo «un acto de justicia» con las organizaciones del tercer sector y las personas dependientes que se benefician de los diferentes servicios.
Fernando Clavijo ha subrayado que este «acto de justicia» ha sido largamente demandado y se trata de un convenio de cuatro años que ofrecerá un escenario de estabilidad financiera a los prestadores de servicios del tercer sector. Ha reconocido, sin embargo, que en las islas aún existen «déficits» tanto en plazas como en infraestructuras sociosanitarias, en un contexto en que las demandas sociales cambian y aumentan, así como la esperanza de vida y el reto demográfico. Por ello, ha destacado que la comunidad continuará trabajando en el siguiente paso: el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
El presidente del Cabildo de La Palma ha expresado su agradecimiento por el «pleno esfuerzo» realizado en los últimos meses para aprobar el nuevo convenio de Dependencia, que necesitaba una actualización desde hace tiempo. En La Palma, se dedicará una inversión en servicios sociosanitarios que ascenderá a casi 160 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aportará el 74%, aproximadamente 120 millones de euros.
Sergio Rodríguez ha destacado que esta inversión refuerza los servicios relacionados con potenciar la autonomía personal en los beneficiarios, así como el servicio permanente de ayuda a domicilio. En total, La Palma contará con unas 1.004 plazas, que se desglosan en 461 diurnas y 543 residenciales.
Por su parte, el presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha enfatizado el carácter «deseado y esperado» de este convenio, el cual ha sido elaborado con un esfuerzo considerable. La atención sociosanitaria en La Gomera recibirá una inversión total de 34 millones de euros, de los cuales el Cabildo aportará 10,7 millones. Gracias a este convenio, La Gomera contará con 236 plazas, de las cuales 64 son diurnas y 172 residenciales.
El presidente herreño, Alpidio Armas, ha destacado la «dificultad» del proceso de negociación de este convenio, que refleja el compromiso con la atención social en la isla. La inversión alcanzará los 18 millones de euros, con una aportación insular de 4 millones. Con este convenio, la isla dispondrá de unas 106 plazas, 34 diurnas y 72 residenciales. Armas ha insistido en la necesidad de trabajar en el próximo reto, que es el plan de infraestructuras.
Fondos del FDCAN y colaboración público-privada
En Tenerife, la presidenta insular Rosa Dávila celebró el «convenio histórico» que se firmó hoy, recordando que el último acuerdo de este tipo se firmó en 2018. Dávila ha puesto de manifiesto el «compromiso» y la «determinación» del Ejecutivo regional para alcanzar este acuerdo, que permitirá a la isla capitalina contar con una inversión de casi 700 millones de euros, de los cuales el Cabildo aportará 202 millones.
Según Dávila, «se trata de un convenio que da dignidad al tercer sector y a quienes serán atendidos con estos servicios», y ha detallado cómo el nuevo acuerdo en Dependencia permitirá mejorar y ampliar la atención, avanzar en su calidad y responder de manera más eficaz.
El acuerdo en Tenerife implicará alcanzar un total de 5.203 plazas, 2.337 diurnas y 2.866 residenciales, con 269 de nueva creación en 2025. El presidente del Gobierno regional ha reconocido que aún existe un «déficit» en la disponibilidad de plazas e infraestructuras para satisfacer las necesidades de una sociedad en constante cambio y que enfrenta el reto demográfico. A partir de ahora, se enfatiza la necesidad de avanzar en el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
En este marco, Clavijo ha defendido la reforma del Fondo del Desarrollo de Canarias (FDCAN) con la intención de habilitar un plan con proyección de diez años, para destinar parte de esos fondos al impulso de infraestructuras, y también se impulsará la financiación público-privada para facilitar la apertura de nuevas plazas sociosanitarias.
