BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) – La implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial ha introducido cambios significativos en la organización de la Administración de Justicia en los ámbitos procesal, tributario, laboral, mercantil y civil. Este proceso ha estado caracterizado en Barcelona por la “lealtad entre instituciones”, pero también por la falta de funcionarios.
Así lo han expresado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, durante una atención a los medios de comunicación. Espadaler ha destacado que la Justicia necesitaba «reformas, recursos y tiempo para hacerlo», reconociendo que la adaptación requiere acompañamiento y formación para los profesionales. No obstante, ha celebrado que la implementación se ha realizado con un trabajo conjunto entre instituciones y administraciones, incluyendo la participación de colegios profesionales y el consenso del ámbito local y de los sindicatos.
TRES FASES
La implementación de la ley se estructuró en tres fases. La primera fase, en vigor desde el 1 de julio de 2025, se aplicó en 33 partidos con juzgados de primera instancia e instrucción (mixtos) y de violencia sobre la mujer. La segunda fase, iniciada el 1 de octubre, incluyó dos juzgados de primera instancia e instrucción (jurisdicción separada) y de violencia sobre la mujer en Badalona y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La fase más importante, comenzada el 31 de diciembre, abarca 14 partidos, representando el 71,8% de la actividad de la Administración de Justicia en Catalunya.
Esta última fase incluye juzgados de primera instancia y de instrucción, así como de otros tipos (social, penal, familia, contencioso administrativo, menores y mercantil). Abarca el partido judicial de Barcelona, que concentra el 35% de la actividad judicial en Catalunya, lo que ha generado «la complejidad en llevar a cabo la implantación de una reforma organizativa de gran calado», según Ferrando.
Un factor importante es que los jueces, los asuntos y las normas de reparto “siguen siendo los mismos” en Barcelona, lo que se complica aún más con las bajas y jubilaciones de funcionarios, lo que representa una preocupación mayor en este momento. Además, existe una falta de formación específica entre quienes han sido reubicados.
Desde el departamento han informado que un total de 7.543 funcionarios han sido afectados por la implementación de la ley en las tres fases, con más de 5.437 en la tercera fase. De estos, 2.800 se concentran en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, lo que ha llevado a un «movimiento masivo del personal», según Ferrando.
El 80% de los funcionarios continúan realizando tareas similares a las que desempeñaban anteriormente, mientras que el 20% ha concursado a otras plazas. Esto ha provocado que en algunas secciones solo un reducido número de funcionarios cuenten con experiencia en la materia, y el departamento está buscando soluciones para remediar esta situación.
El problema de las vacantes y bajas se concentra en la provincia de Barcelona, que incluye 7 partidos judiciales adicionales. En la entrada en vigor de la tercera fase, había aproximadamente 200 puestos por cubrir. Se han incorporado 77 funcionarios el 15 de enero, y en febrero se tomarán posesión 107 más.
DESPLIEGUE PROGRESIVO
En Barcelona, ya están funcionando como Tribunales de Instancia la sección contencioso-administrativa, con 17 magistrados, y la mercantil, con 12 jueces. Esta última se está organizando de manera colegiada y coordinada, permitiendo “ensayar la nueva filosofía”, señala Ferrando.
La próxima jurisdicción en implementarse será la de familia, donde se han identificado algunos problemas técnicos y incidencias en el acceso a expedientes, que están siendo resueltas con la colaboración de la Conselleria de Justicia. Posteriormente, se llevará a cabo en la jurisdicción civil, la social y, finalmente, la penal, esta última abarca un tercio de la actividad judicial y actualmente no cuenta con expediente digital.
ADECUACIONES
La reforma ha requerido adecuaciones en los espacios judiciales, los equipamientos, la señalización y el material para albergar los nuevos servicios comunes. En total, se han reformado 1.623 metros cuadrados para lograr espacios más diáfanos, se han instalado más de 2.000 rótulos de metacrilato y se ha reorganizado más de 53 kilómetros de documentación en papel.
También se han ejecutado adecuaciones tecnológicas (TIC), que han involucrado la instalación de 207 ordenadores portátiles, 39 de escritorio y 170 ‘dockstation’ con pantalla, así como la destrucción de 344.748 kilos de papel, un 28,3% más que en 2024.
Además, se han llevado a cabo 145 actividades de formación y divulgación, con la participación de un total de 9.401 asistentes, incluyendo seminarios web sobre las principales novedades procesales de la nueva ley y jornadas sobre su impacto organizativo dirigidas a todos los operadores jurídicos y profesionales.
«LA JUSTICIA NO SE HA PARADO»
Aunque resulta temprano para evaluar cifras, Espadaler ha señalado que los indicios hasta ahora sugieren una ligera disminución en la productividad durante la implementación de los tribunales de instancia, aunque esta se recupera con rapidez y se incrementa posteriormente.
Espadaler también ha mencionado que la principal preocupación del departamento era que la migración no afectara negativamente al ciudadano y, razonablemente, se ha conseguido: “La Justicia no se ha parado para realizar todos estos cambios”.
