MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) – El modelo salvadoreño de mano dura contra el crimen organizado, impulsado por el presidente Nayib Bukele, ha comenzado a cruzar fronteras e instalarse en Centroamérica como referencia para combatir la violencia y la inseguridad en la región. Un ejemplo de esto es la inauguración de una nueva cárcel en Costa Rica, similar al polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, al que Estados Unidos ha enviado a integrantes de maras y organizaciones criminales a cambio de pagos al país.
Bukele, junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, puso de forma simbólica la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una construcción de más de 31.000 metros cuadrados, ubicada en la provincia costarricense de Alajuela, que albergará a líderes del crimen organizado, reos de alta peligrosidad y personas que tengan pendiente un proceso de extradición.
La construcción, con cinco módulos de alojamiento para un total de 5.100 reos, está inspirada en el CECOT salvadoreño, una instalación cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos por presuntos abusos, tortura e incluso violencia sexual, con capacidad para unos 40.000 presos. Se estima que el costo para el Estado costarricense asciende a cerca de 21.000 millones de colones.
La visita de Bukele para inaugurar el proyecto ha generado tensión en el país, ya que coincide con la campaña electoral para las elecciones generales del 1 de febrero. En este contexto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso que pedía prohibir el ingreso del presidente salvadoreño por presuntas injerencias electorales, recordando que, según la Convención de Viena, los representantes extranjeros no deben «inmiscuirse en los asuntos internos» del país.
La exportación del modelo CECOT
Aunque existen complejos carcelarios similares en términos de aislamiento y condiciones de máxima seguridad, el CECOT se destaca por su alta capacidad y su propósito específico, ya que está diseñado para encerrar a miles de pandilleros vinculados a grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, detenidos en el marco del polémico estado de excepción en El Salvador.
Expertos en Derechos Humanos afirman que las condiciones en el CECOT son «presuntamente inhumanas y contrarias a las normas internacionales», con «personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada». No obstante, otros países de Centroamérica y América Latina han mostrado interés en este concepto de megacárcel.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa trasladó en noviembre de 2025 a cientos de presos de alta peligrosidad a la cárcel de Santa Elena. En Perú, el Gobierno de José Jerí habilitó un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I, al norte de Lima, para aislar a los líderes del crimen organizado, siguiendo el modelo salvadoreño.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20.000 presos, después de declarar la emergencia en materia de seguridad para combatir el crimen, la extorsión y el narcotráfico. En Guatemala, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio tras una serie de ataques y motines en varias cárceles vinculados a la pandilla Barrio 18, aunque existen dudas sobre la eficacia de políticas de mano dura sin abordar otros factores, como la exclusión social.
Este enfoque de enfrentar la criminalidad con el aumento de cárceles se ha visto reforzado por un giro en la política migratoria de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, quien ha implementado una masiva campaña de detenciones contra inmigrantes irregulares y ha dejado claro que busca controlar el «hemisferio occidental».
Dudas ante la sobrepoblación carcelaria
El acercamiento del Gobierno de Chaves a las políticas de mano dura de Bukele ha provocado malestar en la oposición costarricense. El candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), ha expresado su apoyo a la construcción de más cárceles debido al aumento de la densidad carcelaria, aunque considera inadecuada la narrativa de una megacárcel.
Ramos ha enfatizado la importancia de invertir en prevención y educación, así como de reforzar a las autoridades policiales en diversas áreas del país. Otros sectores de la oposición, como el Partido Liberal, aseguran que la creación de un CECOT adaptado a la realidad costarricense responde a un «show electoral» para impulsar la campaña de la candidata oficialista, Laura Fernández.
A pesar de esto, Chaves ha criticado a la oposición por no proponer medidas severas contra la violencia, ante un aumento progresivo de los homicidios desde 2020. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron un total de 876 asesinatos, en su mayoría perpetrados con armas de fuego y vinculados a venganzas o ajustes de cuentas, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió que 589 de las víctimas de homicidio eran personas de entre 18 y 39 años, y que hubo 50 muertes de menores de edad. «Si Costa Rica quiere solucionar sus problemas de criminalidad, tiene que invertir en policía, pero también en desarrollo humano», señaló, instando a las autoridades a fortalecer el sistema educativo y los programas de prevención.
Algunas figuras dentro del Ejecutivo, como el viceministro de Justicia Nils Ching Vargas, han criticado el proyecto, argumentando que la construcción de esta nueva instalación no resolverá el hacinamiento actual en las cárceles costarricenses, ya que solo albergaría a 1 de cada 10 privados de libertad.
Según un reciente estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la capacidad real del sistema carcelario de Costa Rica es de 13.666 personas, aunque actualmente hay 17.692 recluidos. Además, la mayoría de los centros penitenciarios tienen entre 20 y 25 años de antigüedad.
La Contraloría General de la República (CGR), liderada por Marta Acosta, advirtió que el organismo no había tenido acceso al expediente del proyecto y que más del 50% de los recursos para la construcción procedían de recortes en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) relacionados con becas, vivienda social o ayudas a familias en situaciones de pobreza.
Además, varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han denunciado que los recortes en el presupuesto estatal afectan la emisión de documentos y pasaportes, así como a programas para la regularización y atención de poblaciones vulnerables.
Chaves, que ha cuestionado en varias ocasiones el sistema judicial por presuntamente «proteger» a los delincuentes, sostiene que, gracias a la donación de los planos del CECOT por parte de El Salvador, el Estado ha podido ahorrar entre 1.800 y 2.000 millones de colones en el diseño del CACCO, construido con un presupuesto público extraordinario sobre los terrenos de la antigua cárcel La Reforma.
