VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – El fiscal en el caso del acusado de imponer condiciones abusivas a jornaleros de nacionalidad extranjera, reclutados entre septiembre y octubre de 2020, mantiene su petición de cuatro años de cárcel. Se considera probado que el acusado cometió un delito contra los derechos de los trabajadores, según el artículo 311 del Código Penal.
Durante su informe final en la Audiencia de Valladolid, el fiscal no solo expresó que el acusado «no les pagó lo prometido», sino que también los trató «como perros» y «les escupió a la cara». Esto fue en referencia a los testimonios de afectados de origen colombiano, peruano y marroquí, que confirmaron que Vasile U. era quien «movía los hilos» en una empresa donde su hermana Ionela, también encausada pero en paradero desconocido, figuraba como responsable. Según el fiscal, Ionela era una «mera pantalla» usada por el acusado para eludir responsabilidades.
Según las conclusiones del fiscal, una decena de temporeros fue reclutada por Vasile, un rumano, con la ayuda de Ángel Q.T., residente en Alicante y declarado en rebeldía. Ángel, quien prometió un salario de entre 1.800 y 1.600 euros, la formalización de contrato, alta en la Seguridad Social y alojamiento gratuito, convenció a los damnificados para que se trasladaran desde Alicante y Yecla (Murcia) hasta una finca en Torrecilla del Valle (Valladolid) para realizar trabajos agrícolas durante el periodo del 15 de septiembre al 22 de octubre de 2020, en plena pandemia.
El fiscal argumenta que Ángel trajo «engańados» a los jornaleros y debería ser juzgado por trata de seres humanos. Sin embargo, sostiene que siguió instrucciones de Vasile, quien no podía figurar como responsable debido a embargos sobre sus cuentas y vehículos.
Vasile también fue acusado de prometer a los temporeros un alojamiento que resultó ser precario; la casa donde se hacinaban carecía de calefacción y agua potable, y se vieron obligados a buscar colchones en un punto limpio.
A pesar de ello, el fiscal recordó que los jornaleros apenas fueron dados de alta en la Seguridad Social. Solo los cuatro primeros que llegaron desde Murcia estuvieron asegurados durante nueve a dieciséis días, mientras que los otros seis, provenientes de Alicante, ni siquiera fueron dados de alta un solo día, constituyendo una clara vulneración de sus derechos. Además, los salarios que recibieron estaban muy por debajo de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio del sector.
El fiscal reiteró la gravedad de las acciones del acusado, poniéndose de manifiesto cuando, tras un requerimiento de la Guardia Civil el 22 de octubre de 2020, este se desentendió de los trabajadores, alegando que no los conocía y llamándolos okupas. Esta actitud, según el fiscal, fue lo que más indignó a los afectados.
La defensa del acusado
La defensa de Vasile solicitó un fallo absolutorio, argumentando que era su hermana quien realmente se encargaba de los contratos y de las gestiones administrativas relacionadas. «La burocracia la llevaba mi hermana, yo era el encargado de la empresa y solo visitaba el campo para enseñar a trabajar a los jornaleros», aseveró Vasile.
Su defensor también solicitó la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el caso se remonta a casi cinco años y medio. Además, calificó el informe del fiscal como «vehemente y cargado de acusaciones estériles para una condena», planteando interrogantes sobre la supuesta violencia atribuida a su cliente, de la que sostuvo que Vasile no participó en las negociaciones para llevar a los jornaleros, quienes lo conocieron solo después de que comenzaron a trabajar.
