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Burgos, 30 Ene. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado la sentencia de desahucio del Monasterio de Belorado ante la falta del derecho de propiedad de las cismáticas sobre el Monasterio de Santa Clara, por lo que se deberá proceder a su desalojo. Esta información ha sido comunicada por la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio tras conocer dicha resolución.
El fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos cierra el recurso de apelación que las exmonjas cismáticas habían interpuesto contra la sentencia 80/2025, de 31 de julio, dictada por la Plaza No 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Briviesca, que acordaba el desahucio del Monasterio de Santa Clara de Belorado.
En su resolución, la Audiencia Provincial sostiene que el Monasterio de Santa Clara de Belorado es una persona jurídica regulada por el Derecho canónico. La sentencia establece que «lo característico de las personas jurídicas es que se constituyen y existen independientemente de las personas físicas que las forman». Por lo tanto, la propiedad de los bienes del Monasterio corresponde a la persona jurídica y no a las monjas que lo habitan.
Las exreligiosas argumentaban en su recurso que se habían separado no solo ellas, sino también la persona jurídica del Monasterio de Santa Clara. Esta separación, según las demandadas, se produjo por una decisión de la Superiora en el uso legítimo de sus facultades de representación del Monasterio.
La sentencia también señala que, en el caso de la exabadesa de Belorado, «la decisión de separar al Monasterio de Santa Clara de la Iglesia católica está fuera de sus atribuciones». La sala enfatiza que «no puede la superiora ejercer esta autoridad para alejar a la institución del modelo que le corresponde según las Constituciones y los Estatutos». Además, cualquier transformación de un Monasterio en una asociación implica su extinción, lo que en Derecho canónico se denomina supresión.
La Audiencia de Burgos aclara que la supresión solamente le compete a la Santa Sede, y hasta la fecha, esto no se ha producido. «No puede, por lo tanto, un Monasterio transformarse por la mera decisión de la superiora», concluye la sentencia.
Los magistrados afirman que esta resolución no vulnera el derecho a la libertad religiosa que, según las apelantes, también poseen las personas jurídicas. «La libertad religiosa se ejerce en este caso solo por las demandadas como personas físicas», aclara la sala, mientras que el Monasterio no puede ejercerla porque su representación carece de poder para hacerlo. Como resultado, se deniega la inscripción de la nueva asociación en el Registro de Asociaciones, tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo.
Por último, la sala subraya que «una vez constatada la falta del derecho de propiedad de las demandadas sobre el Monasterio de Santa Clara, la decisión del arzobispo de Burgos de expulsarlas es acorde con las facultades que se le reconocen como Comisario Pontificio, que reemplaza a las del superior mayor». Se añade que dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de requerir el desalojo de las monjas que ya no pertenezcan a la comunidad y que, conforme al canon 702, deben abandonar la Casa sin derecho a exigir nada.
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Burgos ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por las exmonjas cismáticas, confirmando en todos sus términos la sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Briviesca en los autos de juicio de desahucio por precario 364/2024, imponiendo las costas a las partes apelantes.
