LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) – El diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha alertado de «irregularidades» en la contratación de al menos tres personas en la Fundación para la Transformación de La Rioja, a través de «procesos que no se ajustan a la legalidad ni a las normas internas de la Fundación» para favorecer «intereses personales» y generar «redes clientelares».
Ante ello, exige «documentos y responsabilidades». Reclama que se remita de forma inmediata al Parlamento «toda la documentación relativa a todos estos procesos de selección y nombramientos». Añade que deben hacerlo «con absoluto detalle» y que se publiquen también de inmediato todas las memorias, evaluaciones y programas de objetivos exigidos por la ley. Además, reclama la depuración de responsabilidades políticas en el propio patronato.
En concreto, se ha referido a la contratación del propio director gerente de la Fundación, Arturo Colina; del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural, Francisco Burgos; y del responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías, Manuel Amutio, nombrado también como director del CNIE.
Tras criticar en ruedas de prensa anteriores «la opacidad económica de la Fundación, el incumplimiento de las leyes de transparencia en los plazos de publicación de las cuentas anuales y de la auditoría obligatoria, el abuso de contratos menores y la ausencia de resultados tras 2 años y medio de gestión por parte del gobierno de Gonzalo Capellán», los socialistas han dado un paso más al informar de «irregularidades» en las contrataciones.
Decisiones Conscientes
Para el PSOE esto no es «un error» porque, como ha explicado el diputado, se tratan de «decisiones conscientes», de nombramientos discrecionales y de procesos que no se ajustan a la legalidad ni a las propias normas internas de la Fundación.
El PSOE ha comenzado «con el caso más evidente», el del director gerente, Arturo Colina, acordado por el patronato el 4 de agosto de 2023. Este nombramiento se realizó «sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia y sin ningún procedimiento abierto» que garantizara los principios de igualdad, mérito y capacidad,» lo que supone un claro incumplimiento de la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja en lo relativo a la dirección pública institucional».
Como explica Legarra, «el artículo 10 de esa ley es tajante cuando dice que los puestos directivos deben proveerse mediante procedimientos públicos con criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia, garantizando publicidad y concurrencia con convocatoria publicada incluso en el Boletín Oficial de La Rioja».
No obstante, «absolutamente nada, ninguno de estos pasos se dieron en el proceso de contratación de Arturo Colina». Según Legarra, parece que, al menos en esta contratación, «tuvo posiblemente más peso la relación de amistad de Colina con el vicepresidente del patronato y a su vez consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez».
Vulneración de la Legalidad
Las irregularidades en la selección y contratación de personal no terminan ahí. Según explica el PSOE, también se cometieron irregularidades «en los procesos de selección y contratación» del responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías y del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural.
En estos dos contratos, «hubo vulneración de la legalidad suficientemente grave como para denunciarlo públicamente», ya que en los procesos de contratación la Fundación no solo no respetó la ley, sino que tampoco siguió su propio protocolo interno de selección personal aprobado en noviembre de 2022.
Critican en el PSOE que en estos dos procesos «no se identificó adecuadamente ninguno de los dos puestos a cubrir, no se remitieron las ofertas al servicio regional de empleo como se había hecho siempre en los procesos anteriores».
Además, el protocolo vigente en el momento de la selección «exigía un mínimo de tres candidaturas para cada puesto, y tras los escasos siete días para la presentación de candidatos, solo se presentaron dos en cada caso».
También llama la atención que, una vez contratados, el patronato de la Fundación modificó el protocolo interno de selección de personal para eliminar esas exigencias.
Las Plazas Ya Estaban Comprometidas
Todo ello refuerza la sospecha de que las plazas estaban comprometidas de antemano, evidenciando que se modificaron protocolos para intentar ocultar las irregularidades cometidas.
Desde el PSOE consideran «especialmente llamativo» el proceso de selección del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural, que alcanza un nivel de gravedad mayor, dado que no se trata solo de una simple irregularidad procedimental, sino de un claro conflicto de intereses que debería haber invalidado la participación del director gerente en el proceso.
Legarra justifica esta afirmación, ya que «durante el proceso de selección y contratación para este puesto participó activamente el director gerente, Arturo Colina», a pesar de que «concurrían causas objetivas que le obligaban a abstenerse de participar».
No estamos hablando solo de una relación personal o de amistad entre el contratante y el aspirante; la Ley establece claramente la obligación de abstenerse cuando existe o ha existido una relación de servicio profesional en los dos últimos años con la persona interesada.
El candidato seleccionado, Francisco Burgos, había sido trabajador de la Fundación Caja Rioja, donde Arturo Colina también tenía responsabilidades directivas.
Además, las irregularidades se repiten con el nombramiento del director del Centro Nacional de Industrias del Español, para el que se nombra de modo directo a Manuel Amutio, quien solo unos meses antes había sido contratado como responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías.
Ceses
De todo ello, «hay unos claros responsables»: el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, como presidente del Patronato; y los dos vicepresidentes, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Industria, Belinda León.
Finalmente, se ha demandado «el cese de quienes no están capacitados para gestionar esta Fundación».
