MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, ha planteado la posibilidad de que sean las mutuas las que controlen las situaciones de incapacidad temporal (IT) derivadas de accidentes para agilizar el proceso del tratamiento. «Al tener el sistema menos colapsado, podrían agilizar las pruebas para que las incapacidades temporales tengan una duración inferior», lo que daría lugar a una reducción de hasta el 50% en el caso de bajas por traumatología, ha afirmado.
Esta propuesta surge a raíz de datos publicados por Umivale, que establece que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con el nivel de absentismo laboral más alto del país, con un 9,2% en el tercer trimestre de 2025, frente a la media nacional del 6,2%. Se destacan sectores como la industria (6,2%), servicios (5,7%) y construcción (5,2%) como los que mayor absentismo laboral registran. Las causas más comunes son las obligaciones familiares (41%), enfermedades o lesiones (29%) y problemas de salud mental (20%), según ha explicado Hernández Quereda.
Hernández Quereda ha apuntado a un «fallo de control y gestión» en la forma de determinar si una situación es incapacitante y su duración. «Tener una patología no quiere decir que sea incompatible con una actividad laboral, y el hecho de tener un tratamiento tampoco lo hace incompatible con estar activo», ha señalado.
En este sentido, ha expresado que el médico de familia es quien emite las bajas «a veces sin pasar por el especialista, que es quien realmente puede determinar si una patología es incapacitante o no, dependiendo del puesto de trabajo». Además, ha mencionado las listas de espera que provocan retrasos en las pruebas que determinan la situación y el tratamiento de los enfermos, lo que alarga los periodos de incapacidad temporal. Esto ha llevado a situaciones en las que «al no haber seguimiento se realizan renovaciones automáticas a la semana», lo que provoca que «bajas que deberían ser de 15 días se extiendan a 3 o 4 meses».
Por otra parte, ha destacado que hay «mucha tensión y mucha presión» en los médicos de Atención Primaria, quienes a veces piensan que su función no es enfrentarse a un asegurado que solicita una baja médica. Por ello, aboga por un «paso intermedio» que incluya la intervención de las mutuas. «Hay procesos que duran más de lo que deberían y otros que no deberían existir por falta de control específico», ha añadido.
Las mutuas, ha explicado, «teóricamente son las legítimas para controlar las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidentes, gestionan la prestación del pago de la situación de IT por contingencias comunes, pero no tienen el control sanitario o médico de esas situaciones».
Además, esta situación es «muy preocupante» y provoca «agobio y desesperanza» entre empresarios, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas y a autónomos. El absentismo laboral tiene un coste económico de 958 millones de euros anuales, lo que representa un 2% del PIB regional.
SALUD MENTAL
Hernández Quereda ha señalado que las bajas por problemas de salud mental son «la estrella». «Es muy difícil objetivarlas, no hay una radiografía», ha comentado. En estas situaciones, ha indicado que «llevar a alguien al psiquiatra puede llevar un tiempo de 2 o 3 meses, más las sesiones, lo que hace que estas bajas se alarguen hasta los 540 días de tope máximo por incapacidad temporal», lo que considera «insostenible».
