LOGROÑO, 11 de febrero. (EUROPA PRESS) – El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, elaborado por el Gobierno riojano, seguirá su trámite parlamentario tras que todos los grupos políticos rechazaran la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida, que teme una falta de control sobre los procedimientos.
El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, defendió en el debate la necesidad de esta ley con la intención de “convertir a La Rioja en una de las comunidades más ágiles”. Domínguez afirmó: “Necesitamos cambiar de raíz la gestión de trámites administrativos para que sea más ágil, más eficiente, más eficaz, y sobre todo, más proactiva y más empática con todos y cada uno de los ciudadanos”.
Con esta ley, se implantará el silencio administrativo positivo como regla general de funcionamiento en todos los procesos administrativos. “Si la Administración pública no responde en tres meses, tiempo ha tenido. El ciudadano debe poder hacer lo que ha solicitado”, afirmó.
Además, anunció que se agilizarán los procedimientos administrativos al sustituir las solicitudes de licencias y autorizaciones por declaraciones responsables, permitiendo iniciar actividades administrativas y económicas con mayor facilidad. También se reducirán los tiempos de respuesta obligatorios de la Administración Pública a un máximo de tres meses para todos los procedimientos.
El consejero también indicó que “todas las iniciativas de inversión que ya cuenten con una autorización de otra Administración pública serán automáticamente autorizadas en La Rioja”. “Todo ello será parte de nuestro proceso de simplificación administrativa, un mercado abierto y calidad normativa. Solo necesitamos esta ley”, concluyó ante los diputados.
Sin embargo, Carlos Ollero, diputado de IU y defensor de la enmienda rechazada, criticó que la ley se base en “un ‘dumping regulatorio’ y en la reducción de los controles públicos”, asegurando que “no servirá para mejorar el contacto con la ciudadanía ni reducir la burocracia”. Describió la normativa como “muy similar a la presentada en otras comunidades, como la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, inspirada en principios neoliberales”.
Ollero argumentó que esta ley representa una “privatización de servicios y desregulación mercantil, así como una debilidad de la Administración pública”, señalando que “una generalización del silencio administrativo puede convertir la inacción de la Administración en autorizaciones tácitas sin control previo”. Además, criticó la posibilidad de incorporar entidades privadas certificadoras, advirtiendo que esto podría resultar en pérdidas de empleo público necesario y cualificado.
En conclusión, consideró que se trata de “un proyecto dominado por las grandes empresas que debilita la Administración pública y reduce los derechos de la ciudadanía”.
La portavoz del grupo popular, Begoña Martínez, defendió la ley argumentando que “nace de la necesidad de que la administración esté al servicio del ciudadano” y afirmó que “hacer la vida más fácil es el objetivo”, criticando a IU por su enmienda, que consideró que provenía de un “sesgo ideológico”.
El portavoz de Vox, Ángel Alda, aunque no comparte completamente la ley, aclaró que “la enmienda a la totalidad no aporta nada positivo”. Desde el PSOE, María Somalo también rechazó la enmienda, aunque calificó el proyecto como “un texto neutro” y recordó que el plazo de tres meses ya está reflejado en la legislación nacional.
Finalmente, Somalo advirtió que, aunque es necesario avanzar en la simplificación administrativa, esto debe hacerse cuidadosamente, dado que “podríamos correr el riesgo de que detrás de la normativa solo esté la intención de apuntarse un tanto”.
