LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) – Un juvenil del Varea, que coincidió entrenando con G.S.L., acusado de abusos por los que el Fiscal le pide 47 años de prisión, ha asegurado este martes en sede judicial que en las conversaciones que mantenía con el exentrenador a través de WhatsApp, este «siempre las desviaba hacia asuntos sexuales. Se ponía muy pesado».
«Me mandaba mensajes con contenido sexual», ha manifestado, ante los cuales «yo actuaba con indiferencia». Este testigo coincidió con el acusado durante la temporada 2019-2020, aunque ha afirmado que «los mensajes llegaron años después». Ha reconocido que más tarde sí comenzó a recibir mensajes de este tipo, además de videollamadas, a las que siempre respondía cambiando de conversación.
En su declaración, el testigo destacó que G.S.L. le pidió, al igual que a otros jóvenes, «que borrara los mensajes» e incluso «me aseguraba que iba a trabajar con él de ojeador para el Osasuna». Este miércoles se celebra en la Audiencia Provincial el segundo día del juicio contra G.S.L., quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos contra la libertad sexual de ocho menores en el ámbito deportivo.
En concreto, se sienta en el banquillo por 3 presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años; 3 presuntos delitos de acoso sexual a menores de 16 años; 2 presuntos delitos de revelación de secretos; 2 presuntos delitos de pornografía infantil y 1 presunto delito de tenencia de material pornográfico.
El Fiscal, en sus conclusiones provisionales, solicita 47 años de prisión, multas por importe de 14.600 euros y 49.000 euros de indemnización por daños morales a los menores en concepto de responsabilidad civil, cantidad que responderá de manera subsidiaria el Club Atlético Osasuna, para el que el acusado trabajaba como ojeador.
«NO ME PARECÍA NORMAL TANTO SECRETISMO»
En la sesión de este miércoles, también declaró un amigo de la principal víctima del exentrenador, un joven de 15 años en el momento de los hechos, quien afirmó ante el juez que su amigo le envió ‘pantallazos’ de los mensajes de WhatsApp que el acusado le enviaba.
Este testigo indicó que su amigo se los mandó «para que los guardara yo porque -el acusado- le decía que los borrara». «Me mandó los mensajes porque eran secretos. A mí no me parecía normal tanto secretismo. Era muy extraño». Este testigo ha relatado que, tras conocer los hechos, la madre de la víctima le solicitó que le mandara los mensajes y, tras revisar su contenido, decidió denunciarlo ante la Policía, lo que llevó a la detención del acusado.
Otro amigo de la víctima corroboró la declaración de ayer al recordar el episodio de un masaje en un domicilio de Gran Vía, al que la víctima asistió por insistencia del acusado, comentando que su amigo le dijo días después que «no se sintió cómodo y que no encontraba forma de irse de esa casa».
LOS HECHOS
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando el acusado ejercía como entrenador de fútbol. Aprovechándose de su posición de autoridad, del acceso directo a los jugadores menores de edad y de la confianza generada en ellos y sus familias, el acusado habría desarrollado una conducta delictiva continuada de carácter sexual hacia distintos menores.
La acusación sostiene que el procesado mantuvo con varios jugadores conversaciones reiteradas de contenido sexual, principalmente a través de WhatsApp, en las que realizaba proposiciones sexuales, solicitaba imágenes íntimas y pedía expresamente que dichas comunicaciones se mantuvieran en secreto.
En algunos casos, los hechos incluyeron encuentros a solas, concertados bajo falsas promesas relacionadas con la mejora deportiva o supuestos fichajes, durante los cuales se habrían producido tocamientos de naturaleza sexual. La investigación también permitió localizar en dispositivos electrónicos del acusado una importante cantidad de material de contenido sexual protagonizado por menores de edad.
El Ministerio Fiscal considera que estas conductas afectaron al menos a ocho menores y constituyen delitos contra la libertad sexual, donde se aprecia la agravante de abuso de confianza. Además de las penas de prisión, el Fiscal solicita multas y responsabilidades civiles, libertad vigilada, órdenes de alejamiento respecto de las víctimas y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad profesional que implique contacto con menores.
El juicio, que se prevé dure dos días, se desarrolla con medidas específicas de protección para las víctimas, con el objetivo de preservar su intimidad y garantizar que puedan declarar en condiciones adecuadas de seguridad y tranquilidad.
