BILBAO, 12 de febrero. (EUROPA PRESS) – Colectivos sociales, sindicatos y partidos vascos se han unido para configurar la Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de concienciar a la sociedad y presionar a las administraciones para garantizar el acceso a la vivienda para todos. Además, han exigido medidas «efectivas» que limiten y hagan asequible el precio de la vivienda de compra y alquiler.
En un comunicado, los integrantes de la iniciativa han explicado que esta ha surgido desde la «visión compartida» de que el acceso a la vivienda «es imposible para la mayoría de la población» y que sus altos precios «suponen un factor de empobrecimiento y exclusión social».
Han reivindicado que la vivienda «es un derecho» que debe quedar fuera de la lógica del mercado. En su opinión, es responsabilidad de las instituciones «garantizar este derecho». «Ellas disponen de los recursos y herramientas para intervenir en el mercado de la vivienda y protegerlo, poniendo fin a la especulación», han apuntado.
Critican que la gestión de las administraciones «se está enfocando en favorecer la especulación y esconder el problema», comprometiéndose a generar «una dinámica y un movimiento social que aglutinen cada vez a más colectivos y personas». Además, promoverán concentraciones y campañas de concienciación social para presionar a las administraciones a que pongan todos los esfuerzos en garantizar la vivienda para todos.
PRECIOS
La Iniciativa Popular ha recordado que, según datos oficiales, el precio medio del metro cuadrado de vivienda libre nueva en Euskadi es de 3.582 euros por metro cuadrado y en Bilbao de 5.150 euros, lo que significa que un piso de 70 metros cuesta 360.500 euros. Además, el precio medio del alquiler libre en la comunidad autónoma asciende a 819 euros mensuales y en Bilbao supera los 900 euros.
De las más de 103.000 personas apuntadas en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide, unas 80.000 son solicitantes de alquiler. El precio medio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) en compra es «totalmente abusivo e inaccesible»; por ejemplo, en la zona de Zorrozaurre se ofrecen VPO de hasta 320.000 euros.
Según la Iniciativa Popular, las unidades de convivencia apuntadas en Etxebide tienen un nivel medio de ingresos anuales inferior a 16.000 euros, lo que les impide acceder al mercado libre y a la vivienda protegida en compra. Además, ha aumentado, en los últimos años, el número de personas que tienen que pernoctar en la calle, superando las 600 en Bilbao y más de 1.500 en Euskadi, estimando que los datos reales pueden doblar esa cifra.
Tras denunciar la actual política de vivienda, han señalado que desde Etxebide «no se hace ningún esfuerzo en el alquiler social», y aunque «están obligados por ley a destinar el 100% de sus recursos, la oferta de alquiler es irrisoria e insuficiente», con tan solo 7.500 viviendas en 16 años.
También lamentan que el Gobierno Vasco haya reducido la VPO del 75% al 60% y que «sólo para darse de alta en Etxebide se tardan entre tres y seis meses». Además, critican la «criminalización mediática» de colectivos vulnerables y el desalojo de espacios donde pernoctan personas sin hogar, así como la falta de alternativas para las familias desahuciadas.
Asimismo, han censurado que «se fomenta la inversión en vivienda como un negocio» y que no se frene la especulación del negocio turístico inmobiliario, que encarece el precio de la vivienda de forma desorbitada. Para 2026, el presupuesto del Gobierno Vasco destinará solo 482 millones a vivienda, mientras que 5.300 millones se destinan a sanidad y 3.300 millones a educación.
MEDIDAS CONCRETAS Y EFECTIVAS
El colectivo ha exigido «medidas concretas y efectivas ya» e instado a las instituciones a garantizar «una oferta suficiente y asequible de vivienda pública en alquiler social», que no suponga más del 20% de los ingresos y que sea adecuada a las necesidades de todas las personas demandantes.
Consideran que la vivienda vacía es «un lujo inadmisible en este contexto y un factor de especulación», reclamando medidas de penalización y expropiación que aseguren el aprovechamiento inmediato de dichas viviendas. Además, han señalado que «es denunciable que en Bilbao solo se plantea subir el IBI un 75%, cuando podría hacerse un 150% o incluso expropiarlas», lo que influiría drásticamente en la oferta y el precio de las viviendas.
Actualmente hay 70.000 viviendas vacías en Euskadi, 34.000 en Bizkaia y 9.000 en Bilbao, y un tercio de estas viviendas vacías podría proporcionar techo a todas las personas que viven en la calle en Euskadi.
Por ello, reclaman urgentemente medidas efectivas que limiten y hagan asequible el precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, finalizando así la especulación con este derecho básico. También han denunciado la falta de recursos, como albergues, comedores y viviendas sociales, además de las trabas burocráticas y la desatención para atender situaciones de emergencia social.
Finalmente, han hecho un llamado a la opinión pública para que participe en las concentraciones que se llevarán a cabo cada mes frente a diferentes administraciones. La próxima concentración se celebrará el sábado 21 de febrero a las 12 horas en la plaza del Arriaga.
La Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda está integrada por diversas organizaciones, incluyendo la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH-ELE), Atxurigorri, Atxuri Harrera, AZET Etxebizitza Sindikatua, Belaunaldi Galdua, Berri-Otxoak, Bilboko EH Bildu, Bilboko Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Bizizaleak, Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Goazen, Greska, LAB Sindikatua, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Podemos Euskadi y Sumar Mugimendua.
