VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) – El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de la Comunidad que se encuentran bajo el impacto de las borrascas Oriana y Pedro, registradas entre los días 13 y 19 de febrero de 2026.
Durante este periodo, Castilla y León ha experimentado nuevos fenómenos meteorológicos adversos que han derivado en intensas precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve, así como en fuertes rachas de viento, lo que llevó a la activación de avisos de nivel naranja. Estas condiciones se sumaron a un territorio que ya había sufrido los efectos de borrascas anteriores, agravando la situación hidrológica existente y causando inundaciones, así como daños en bienes, infraestructuras y servicios esenciales en numerosos municipios.
Ante esta crisis, se han mantenido activadas las distintas situaciones operativas del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl), con el fin de coordinar la respuesta de emergencia y minimizar los efectos sobre la población y el entorno socioeconómico.
Desde un punto de vista jurídico, la solicitud se basa en lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que existe una situación de carácter catastrófico cuando se genera un acontecimiento que altera de forma sustancial el funcionamiento normal de una comunidad, ocasionando daños e impactos materiales que superan los recursos disponibles de la administración local.
En este caso, los efectos acumulativos de las borrascas Oriana y Pedro, junto con los episodios meteorológicos previos, han causado daños en viviendas y enseres, así como en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, infraestructuras municipales y redes viarias, además de tener repercusiones medioambientales serias.
Asimismo, las entidades locales se han visto obligadas a realizar acciones urgentes e inaplazables para garantizar la seguridad de los ciudadanos y restablecer los servicios básicos. La Junta ha destacado que la mencionada ley prevé que, cuando la recuperación de la emergencia requiera la intervención de la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros puede declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
Dicha declaración permite activar un conjunto de medidas extraordinarias con el objetivo de apoyar la reparación de los daños en viviendas, infraestructuras y explotaciones económicas, así como compensar los gastos asumidos por las administraciones locales.
El procedimiento para llevar a cabo esta declaración se inicia a solicitud de las administraciones públicas interesadas, tal y como establece el artículo 23 de la ley en cuestión. Por lo tanto, la Junta ha solicitado al Gobierno de España que adopte las medidas previstas en la normativa estatal para facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por las mencionadas borrascas.
