VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) – La Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y el Ateneo Republicano de Valladolid han registrado ante la Fiscalía General del Estado en Madrid una denuncia por un presunto delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal) contra seis consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. (SVAV).
Los denunciados incluyen al alcalde de Valladolid, el ‘popular’ Jesús Julio Carnero; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, también del PP, y otros cuatro consejeros de la SVAV, entre ellos María Pardo, cabeza de lista del PP por Valladolid y exdirectora general de Urbanismo. La denuncia también se dirige contra los concejales de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y de Urbanismo, José Ignacio Zarandona Fernández, así como contra el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Marinero Peral.
Decisiones cuestionadas
Las organizaciones denunciantes señalan en concreto que la falta de licitación de los pasos de Ariza, la negativa al derribo del viaducto del Arco de Ladrillo, y la no ejecución del Paso de San Isidro y la nueva estación de autobuses en Delicias constituyen «decisiones arbitrarias». Estas decisiones no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, sino a «una voluntad contraria al interés público» en una «injustificable estrategia de bloqueo cuyo lema ha sido: soterramiento o nada».
En la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, se solicita la investigación de los hechos y la recopilación de la documentación societaria y administrativa necesaria para validar las afirmaciones, incluyendo las consecuencias económicas e de interés público para Valladolid.
Asimismo, se solicita la declaración como testigos de los restantes consejeros de la sociedad y, de manera especial, del presidente, de la secretaria del consejo de administración, y del director general de la sociedad.
Acciones deliberadas que afectan a la SVAV
Las organizaciones denuncian que los representantes municipales y autonómicos han utilizado su puesto en el Consejo de Administración de SVAV para frenar la licitación y ejecución de obras ya proyectadas, lo que constituyen una obstaculización intencionada sin apoyo en informes técnicos, basada únicamente en criterios de oposición política. Esto ha llevado a la paralización de la actividad de la sociedad.
Los colectivos afirmaron que esta inactividad deliberada ha resultado en una desviación del objeto social de la SVAV, ya que ha impedido la realización de las acciones previstas en el convenio de 2017, que es el fin de la entidad.
Además, insisten en que los fondos destinados a la ejecución de obras públicas no han servido a su finalidad legal, violando el principio de buena administración y el deber de diligencia de quienes ejercen funciones directivas sobre patrimonio público.
Un contexto de administración infiel
Los denunciantes subrayan que la decisión arbitraria o inacción negligente de los denunciados no se basa en razones técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, sino en una voluntad contraria al interés público y a los fines de la sociedad, actuando con abuso de sus capacidades de gestión y violando el deber de lealtad al patrimonio administrado.
También sostienen que su denuncia «deja claro» que los acuerdos alcanzados en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (convenio de integración ferroviaria) establecen un lazo entre las instituciones y sociedades implicadas (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Adif y Renfe) que no tiene un fin comercial, sino que está guiado por el interés público de Valladolid.
Como conclusión, los denunciantes aseguran que los acuerdos aprobados en el seno de la SVAV evidencian una gestión desleal, ilegal e indecente por parte de los consejeros denunciados, quienes han actuado en contra de los compromisos estipulados en el Convenio de 2017 de integración ferroviaria en superficie. Subrayan que el único objetivo ha sido mantener una oposición política a una solución de soterramiento ya descartada, sin aportar evidencia que respalde su viabilidad técnica o financiera.
