BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – La Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) ha acogido este jueves una jornada coorganizada junto a la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD), que ha reunido a miembros de la Academia, la judicatura, la abogacía y la Fiscalía para analizar la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha asistido al acto.
Precisamente este jueves, el Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por la Abogacía del Estado, en representación del exfiscal general, y la Fiscalía contra la sentencia que le condenó por el delito de revelación de secretos.
Montserrat Comas
En su intervención, la magistrada jubilada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Montserrat Comas, ha asegurado que la condena es injusta y ha subrayado que, después de leer los argumentos «potentes y convincentes» de las dos magistradas discrepantes, le resulta inconcebible que no se dictara una sentencia absolutoria por unanimidad.
Comas ha tildado la sentencia de «decepcionante y preocupante» y ha añadido que ya en fase de instrucción detectó anomalías. En la resolución del 15 de octubre de 2024, los magistrados debían haber hecho un auto de inadmisión a trámite de la querella, ya que contaban con todos los elementos para considerar que la nota de prensa emitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no era constitutiva de delito.
Recordó que la nota se publicó después de que una noticia desvelara un presunto fraude fiscal por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no sobre la posible conformidad, y después de que Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hicieran declaraciones públicas «falseando y manipulando los hechos».
Esta falsa explicación dio origen a un debate público que cuestionaba la actuación de la Fiscalía General del Estado y motivó que García Ortiz decidiera hacer una nota pública sobre estos hechos, que ya se habían revelado de manera «manipulada y tergiversada».
Cree que el recurso de amparo tiene trayectoria ante el Tribunal Constitucional y espera que la injusticia sea reparada: «Creo que el Estado de Derecho está en deuda contigo», le ha trasladado al exfiscal general, sentado en segunda fila.
Jordi Nieva
El catedrático de Derecho Procesal de la UB, Jordi Nieva, ha desgranado los cuatro indicios en los que el tribunal se ha basado para sustentar la condena. La primera es que García Ortiz destruyó datos de su teléfono móvil, sobre lo cual ha precisado que existe el derecho de no aportar pruebas contra uno mismo y que no tenía por qué entregarlo, entre otras cosas por el cargo que ocupaba y porque albergaría datos «que no tienen por qué trascender».
Sobre la llamada de un periodista, ha subrayado que no fue atendida por el exfiscal general, y ha criticado que el tribunal dotara de total credibilidad a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando existía «una animadversión evidente contra el acusado, lo que restaría credibilidad a un testigo en cualquier sistema jurídico».
Ha lamentado que a los seis periodistas citados como testigos no se les consideró creíbles, sin argumentar los motivos, y ha apostillado que a esta información tuvieron acceso no solo el exfiscal general, sino varias personas, un dato «no solo ignorado, sino soslayado» por la sentencia.
Parafraseando al jurista Ronald J. Allen, ha defendido que una persona puede ser condenada cuando se tiene una hipótesis que no tenga contradicciones, que sea coherente, consistente y fácil de entender, y solo si no hay una hipótesis exculpatoria con esas mismas características.
En este caso, ha preguntado retóricamente cuántas historias alternativas existen, un hecho que reconoce la propia sentencia al apuntar que el origen de la filtración fue García Ortiz o alguien de su entorno: «Es una sentencia que debió haber sido claramente de inocencia».
Olga Arderiu
La abogada en Derecho Penal y miembro de la ACJD, Olga Arderiu, ha hecho un paralelismo con el juicio del procés, en el que ejerció la defensa de Carme Forcadell, y ha señalado que son dos casos en los que «la ideología acaba dominando» sobre los principios del derecho penal. El resultado, ha dicho, son dos sentencias en las que no se sabe exactamente las acciones que realizan las personas condenadas y que carecen de «una adecuada valoración de la prueba», lo que pone en peligro la salud de nuestro Estado de Derecho.
Asimismo, ha añadido que la sentencia se basa en prueba indiciaria y no en prueba directa y que, en este sentido, el TS hace pasar por indicios «meras sospechas».
«No sabemos quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho y en qué circunstancias; lo único que sabemos es que [García Ortiz] lo sabía», ha ironizado la penalista, que ha afirmado que la fundamentación es absolutamente inaceptable para sostener una condena. Para Arderiu, se han forzado los tipos penales y se le ha aplicado uno que no corresponde: «Espero que esta sentencia sea anulada» para restituir el honor y la carrera del fiscal, ha concluido.
Félix Martín
El fiscal delegado en la Audiencia de Barcelona y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, ha destacado la excepcionalidad constitucional del caso y ha afirmado que el verdadero debate es si el estándar de la presunción de inocencia «se ha devaluado de tal manera que es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos».
Ha recordado que los indicios «ni son sospechas ni son conjeturas», y que no porque el TS lo afirme, estos se convierten en indicios. También ha señalado que una de las claves de este asunto es que la «plausibilidad no es lo mismo que la acreditación» y que se ha jugado continuamente con el hecho de que, por tratarse de una hipótesis plausible que García Ortiz fuese el origen de la filtración, se ha dado por acreditado.
Martín también ha lamentado el «escarnio público» al que se sometió a García Ortiz cuando el tribunal que le enjuició en primera y única instancia le comunicó su condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200, pero solo con el fallo.
Para Martín, quien entiende que la sentencia vulnera los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la solidez de un tribunal y su conocimiento técnico no son suficientes, sino que deben aparentar «rigor, prudencia, neutralidad y respeto institucional».
Ha recordado que los fiscales no son parte del poder, sino un contrapeso del mismo, y que actúan como la voz de la legalidad; sin embargo, esta sentencia les ha colocado «ante una tensión inédita». «No podemos aceptar que se flexibilice la presunción de inocencia ni la carga indiciaria», ha remarcado Martín, que ha añadido que desde la UPF van a pelear por defender la dignidad de su exjefe, de su trabajo y de todos los fiscales del Estado.
Neus Pujal
A la jornada también han asistido la Fiscal Jefa de Barcelona, Neus Pujal, y el magistrado Baltasar Garzón, quien ha expresado que la sentencia «es absolutamente una amenaza contra la democracia». El acto, que ha sido moderado por la profesora agregada de Derecho Constitucional de la UB, Natàlia Caidedo, y presentado por el decano de la Facultad de Derecho de la UB, Andreu Olesti, ha concluido con las palabras del exfiscal jefe de Catalunya y expresidente de la ACJD, José María Mena, quien se ha declarado «cómplice en la lucha por la democracia» junto a Álvaro García Ortiz.</
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