PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – El regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha afirmado este miércoles, en el primer día de control de accesos a la antigua prisión de Palma, donde viven unas 200 personas, que el Consistorio no quiere «que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio».
Motivos del Desalojo
En declaraciones a los medios, Bonet ha insistido en la preocupación por la seguridad que ha motivado el desalojo de la instalación, tras registrarse varios incendios, al parecer provocados en los últimos días. «Lo único que nos preocupa es que ninguna de las personas que viven aquí dentro pueda morir calcinada después de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana. Nuestra preocupación es máxima y por eso hemos tomado esta decisión», ha afirmado.
Colaboración Institucional
Bonet ha reiterado que el Ayuntamiento trabaja para que ninguna de las personas que habita en la antigua instalación pase una sola noche a la intemperie y ha insistido en la necesidad de colaborar con otras instituciones, como el Ejército o el Obispado de Mallorca, que tienen instalaciones disponibles.
Acciones Legales y Plazos
Durante dos días, el Ayuntamiento elabora el censo pertinente para iniciar las acciones legales. Este censo se elevará el viernes a la Junta de Gobierno, tras la cual se celebrará una Junta de Seguridad con la Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para ejecutar las acciones necesarias y cumplir con los plazos legales.
«Podemos pretender dejar esto vacío mañana, pero la realidad es que la legalidad nos obliga a cumplir una serie de plazos», ha añadido. Una vez que las personas reciben su notificación, tienen cinco días para alegar, luego se les citará y en cuatro días deberán desalojar.
Si algún morador no abandona el lugar de forma voluntaria, ha advertido el regidor, se trasladará la cuestión a la vía judicial.
Reuniones con el Obispado
Este mismo miércoles, Bonet ha explicado que hay prevista una reunión con representantes del Obispado de Mallorca para determinar cuántas habitaciones podrían ponerse a disposición de estas personas.
«Tenemos una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y, por lo tanto, necesitamos una acción conjunta también para resolverlo», ha concluido.
