El Parlamento Vasco ha dado un paso significativo al aprobar una enmienda conjunta del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno de España a reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, donde una intervención de la policía dejó cinco muertos durante una protesta obrera. Esta decisión se produce en un contexto de reivindicación por parte de colectivos memorialistas y familias de las víctimas, quienes han exigido un reconocimiento histórico y una condena clara hacia los hechos.
En la votación realizada este jueves, la propuesta inicial presentada por EH Bildu y Sumar fue rechazada, recibiendo 47 votos en contra frente a 28 a favor. En cambio, la enmienda del PNV y el PSE-EE, que reiteraba la condena a la masacre y el compromiso por mantener viva la memoria de las víctimas, fue aprobada con 39 votos a favor y 36 abstenciones de otros grupos como EH Bildu, PP, Sumar y Vox.
La enmienda destaca la necesidad de que el Gobierno español emita una declaración pública que reconozca su «papel» en la masacre y condene la actuación del Ejecutivo de Carlos Arias Navarro. Además, se compromete a fortalecer las políticas públicas de memoria democrática, reconociendo y homenajeando a los fallecidos y heridos, así como a sus familias.
También se ha manifestado apoyo para la creación de un memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, lugar donde se llevaron a cabo los hechos, y se ha instado a los representantes políticos en el Congreso a avanzar en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, facilitando el acceso a información sobre lo ocurrido aquel 3 de marzo.
El acuerdo entre el PNV y el PSE-EE surge tras un proceso de negociaciones que franqueó inicialmente unas diferencias sobre la atribución de responsabilidades estatales relacionadas con la matanza y los sucesos de los Sanfermines de 1978. Mientras que el PNV abogaba por un reconocimiento directo de la responsabilidad del Estado, el PSE-EE no se alineaba con esta postura. Sin embargo, en un intento por conseguir apoyo mutuo y consolidar su coalición, ambos partidos finalmente acordaron un texto conjunto.
EH Bildu y Sumar, que propusieron inicialmente un reconocimiento más contundente de la responsabilidad estatal y de la necesidad de justicia para las víctimas de violencia de Estado, se sintieron insatisfechos con la enmienda aprobada. Este punto fue destacado por Amancay Villalba, parlamentaria de EH Bildu, quien subrayó que, a pesar de los 50 años transcurridos desde la matanza, el Estado aún no ha reconocido su responsabilidad.
La parlamentaria de Sumar, Jon Hernández, enfatizó que los eventos de la época representaron una represión clara contra la clase trabajadora, atribuible al estado franquista. A su vez, Xabier Barandiaran, del PNV, defendió la importancia del reconocimiento del papel del Estado en estos acontecimientos para distanciarse de aquella actuación violenta.
Diversos parlamentarios, incluidos miembros del PP y Vox, también expresaron sus puntos de vista, subrayando la complejidad del contexto en el que ocurrió la masacre y abogando por un enfoque más amplio de veracidad, justicia y reparación para todas las víctimas del pasado, no únicamente las del 3 de marzo.
Esta decisión del Parlamento Vasco marca un momento crucial en el reconocimiento de una tragedia olvidada por demasiados años y establece un compromiso hacia la memoria y reparación de las víctimas del Estado durante el periodo franquista.
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