PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) – Los colectivos Arran, Menys Turisme Més Vida, Organización Juvenil Socialista (OJS) y Sindicat Habitatge de Palma (SHP) han acusado este lunes al Ayuntamiento de Palma de eludir sus competencias en relación a la antigua prisión y de trasladar la responsabilidad sobre las personas desalojadas a otras entidades como la Iglesia o el Ejército.
En una rueda de prensa conjunta, los representantes han hecho un llamamiento a responder con conciencia de clase trabajadora ante el desalojo de la antigua prisión. «No es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una profunda crisis de vivienda, agravada en Mallorca por la turistificación, que hace prácticamente imposible el acceso de la clase trabajadora a la vivienda y en el contexto de una oleada reaccionaria que criminaliza la pobreza y a las personas migrantes», han señalado en un manifiesto.
Para estos colectivos, la cuestión va más allá de las 200 personas que podrían ser desalojadas. Se refieren a los 245 desahucios ejecutados en Palma solo en el segundo trimestre de 2025, así como a las personas que viven en caravanas o las familias de Son Bordoy, donde está proyectado un desarrollo inmobiliario.
Han recordado que desde hace más de una década, la prisión alberga principalmente a trabajadores que no pueden permitirse un hogar con sus sueldos. En 2013, el Ayuntamiento compró el edificio y desde entonces ha habido varios intentos de desalojo. En 2019, el alcalde socialista José Hila ya anunció un proceso judicial relacionado. En la actual legislatura, en marzo de 2025, se dio un primer aviso para intentar el desalojo y el 28 de enero de este año se organizó un dispositivo policial que identificó a 165 personas, resultando en una detención.
Incendios en el interior
Respecto a los incendios ocurridos en las últimas semanas, que el Ayuntamiento ha utilizado para justificar el desalojo, las entidades y los residentes han insistido en que estos fueron provocados desde fuera y no por la falta de limpieza de los internos. «El Ayuntamiento ha utilizado estos incendios como excusa para argumentar que las personas no pueden seguir allí y comenzar el proceso de desalojo, un riesgo que es inexistente, ya que el mismo Ayuntamiento sostiene que no hay riesgo de derrumbe, condición necesaria para iniciar dicho proceso», han alertado.
Falta de alternativa habitacional
Después de que el Consistorio anunciara que ofrecería una alternativa habitacional a quienes decidieran abandonar voluntariamente el inmueble, los colectivos han advertido que la realidad apunta a que los servicios sociales de Palma están saturados y que no hay alternativas viables a corto plazo. En 2025, más de un millar de personas ya vivían en alguno de los 37 asentamientos de chabolas de la ciudad, y los trabajadores de Ca l’Ardiaca han denunciado que las instalaciones están sobrecargadas, además de que los sindicatos han reportado plagas de chinches en los centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
En esta línea, en noviembre de 2024, la red de inclusión social del IMAS contaba con 571 plazas en los centros, pero en abril de 2025 se reportó una lista de espera de 150 personas sin hogar que solicitaban acceso al servicio de primera acogida.
A juicio de Arran, Menys Turisme Més Vida, OJS y SHP, el Ayuntamiento intenta eludir las competencias que tiene sobre las personas que se quedarán en la calle a raíz de la actuación municipal, trasladando el problema a otras instituciones como el Ejército o el Obispado.
“¿Realmente pueden confiar las personas aquí presentes en que si abandonan voluntariamente esta semana el lugar donde viven, el Ayuntamiento les proporcionará una solución? ¿O solo es una estrategia para llevar a cabo el desalojo sin conflicto? ¿Dónde irán las personas que dejen la antigua prisión? La respuesta es evidente: el Ayuntamiento está condenando a más de 200 personas a vivir en la calle”, han afirmado.
Los convocantes han comparado la situación de la antigua prisión de Palma con el desalojo del B9 en Badalona y el desalojo de Can Rova en Ibiza, que dejó a 300 personas en la calle. Además, han criticado a los ayuntamientos y a las instituciones de izquierda que, en su opinión, no fueron capaces de revertir la problemática en la anterior legislatura.
Crisis de la vivienda
Para las entidades que convocaron la rueda de prensa, la situación de la antigua prisión representa la consecuencia más dura de la crisis de vivienda actual. “Cada vez hay más personas que se ven forzadas a vivir en infraviviendas, caravanas o en la calle. La falta de acceso a una vivienda no solo afecta al sector más empobrecido de la sociedad, sino que es transversal a toda la clase trabajadora. No se puede entender la crisis de la vivienda que vivimos sin enmarcarla dentro de un sistema que nos conduce a la miseria. La vivienda no puede ser un negocio; debe estar al servicio de la clase trabajadora”, han reiterado.
Finalmente, han criticado también la criminalización hacia los habitantes de la antigua prisión y lo que consideran una «militarización» de la zona a través de la presencia policial. «El Ayuntamiento de Palma, como es tendencia en todo el Estado, ha incrementado los presupuestos para recursos policiales bajo el argumento de la seguridad, mientras castiga a aquellos que buscan alternativas en un contexto de miseria creciente», concluyeron.
