MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) – El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, considera que el proceso de regulación extraordinaria es «necesario» y advierte que «es la única manera de incorporar a la población regular con todos sus derechos y deberes, que en este momento no lo tiene, es el componente de irregularidad». Sin embargo, desde el Gobierno regional, el secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, ha pedido que «se retire esa regularización masiva y se vuelva a la senda europea».
Ambos se manifestaron antes de presentar el informe ‘El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia’, acompañados del presidente del CES de Murcia, José Antonio Cobacho. Costas recordó que España lleva ya seis regularizaciones extraordinarias, «independientemente de los gobiernos que han estado al mando del país», pero Gonzálvez puntualizó que «es la más laxa de todas las que ha promovido un Gobierno».
En esta línea, el presidente del CES a nivel nacional mencionó a países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, que «llevan 60 o 70 años enfrentándose a esta corriente inmigratoria», frente a España, que lleva 20 años.
Costas considera que «la irregularidad es el elemento pernicioso de la inmigración; es dramático para las propias personas que no tienen papeles». Además, destacó que «es un despilfarro de energías y de capacidades para el país en la medida en que la población que está en situación de irregularidad es aquella que no puede trabajar legalmente, que se ve más explotada y que tiene más probabilidades de estar en situación de precariedad».
Propuestas para la Regularización
Por lo tanto, dejó claro que «poner en marcha algún instrumento, ya sea una regularización, una nueva u otro, es fundamental para sacar de la situación de irregularidad a cientos de miles de personas que padecen la precariedad por ese motivo».
Postura del Gobierno Regional
Desde el Gobierno regional, por contra, se ha defendido su apuesta por «afrontar la inmigración desde la sensatez, la regularidad, el orden y la exigencia de que esas personas deben contribuir a la economía y a la sociedad del país y estar integradas culturalmente en la nación».
<pGonzálvez justificó las alegaciones que se presentaron al Real Decreto por el que se regulaba esa regularización masiva, dado que, según cifras de la Policía Nacional, "estaríamos hablando de incluir hasta 1.200.000 personas más con carácter regular en España".
El secretario general advirtió que «los servicios públicos, la cohesión social y la percepción de la seguridad ciudadana que tienen los vecinos se verán tensionados por esa regularización que se ha hecho a espaldas del debate público». También criticó que se haya «hurtado» el debate parlamentario, «básico» en una democracia.
Impacto en las Comunidades
Gonzálvez también reprochó que «se haya dejado al margen a las comunidades, las administraciones territoriales que tienen que prestar esos servicios que se tensionarán como consecuencia de esa entrada de 1.200.000 personas en el sistema».
Además, advirtió que «no hay financiación para ello, no se ha hecho una elaboración del impacto económico que tendría ni tampoco una evaluación de cuál es el impacto también en términos de servicios públicos tanto en sanidad, como en educación o prestaciones sociales».
Retorno a la Senda Europea
Por ello, reclamó que «se retire esa regularización masiva, se vuelva a la senda europea, que dejemos de estar aislados del contexto europeo y se retome lo que marca el Pacto Europeo de Migración, liderado bajo la presidencia del Gobierno de Sánchez en 2023, pero que se niega a implantarlo».
Gonzálvez subrayó que «España es uno de los países que están quedando aislados en cuanto a esas medidas que marcan la hoja de ruta europea», que incluyen una mayor cooperación internacional, mayor exigencia cultural y de integración económica en los países de entrada, y un refuerzo del control de las fronteras y de la lucha contra las mafias de seres humanos.
