El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de Vox y PP y en contra de PSOE y Podemos-IU-AV, una iniciativa que busca frenar lo que se considera «una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión» impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado regional de Vox, Alberto Garre, acusó al Gobierno central de «amordazar a los medios que no son afines» y de «corromper» la libertad con leyes como la de Memoria Histórica, en un intento, según él, «no por buscar la verdad», sino de obtener «la obediencia».
«Los gobiernos como el actual de España no pueden determinar hasta dónde pueden llegar o no, limitar o no, la libertad de expresión», afirmó Garre, quien insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende «erigirse en el tutor de la verdad y castigar a quien no sigue la narrativa de Moncloa, cuyos inquilinos son de una bajeza moral inédita hasta ahora».
El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, acusó al Gobierno central de «confundir Estado con partido, crítica con ataque, periodismo con enemigo» y de pretender convertir el debate público en un terreno vigilado, etiquetado y domesticado. «Primero te señalan, luego te acorralan y después te silencian», advirtió Segado durante su intervención en la Asamblea Regional, defendiendo que «la libertad no se tutela, se ejerce» y rechazando «comisarios de la verdad» o «registros para amedrentar a los medios de comunicación».
Por parte del PSOE, la diputada María Soledad Sánchez acusó a Vox de utilizar una «trampa de falsa libertad» que, según su juicio, solo busca perpetuar la «cobardía y la impunidad». La parlamentaria afirmó que la postura de Vox deja a los menores «a merced de miles de depredadores» que se ocultan tras perfiles falsos y direcciones IP opacas. Asimismo, Sánchez defendió la necesidad de legislar de forma «urgente» en el mundo virtual para acabar con la «impunidad» en las redes sociales, abogando por la obligatoriedad de identificarse con el DNI en las plataformas digitales, al igual que en el «mundo real».
María Marín, parlamentaria de Podemos-IU-AV, acusó a Vox de «promover bulos y cacerías racistas» en lugar de defender la libertad de expresión. «Ustedes no han defendido en la vida, en la historia, y nunca lo harán, la libertad de expresión ni la democracia, como ya se ve internamente en su partido. Son, de hecho, la amenaza a la libertad de expresión», afirmó Marín.
INUNDACIONES
La moción que se defendió este miércoles en el Pleno de la Asamblea Regional sobre las actuaciones en materia de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municipios ribereños y su impacto en el Mar Menor, presentada por el grupo Mixto, no fue aprobada.
María Marín lamentó que la única ley que opera actualmente en el campo de Cartagena sea «la ley de la selva» y recordó que en tres años «no han hecho nada con el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente». Subrayó que «es la consecuencia del caos absoluto que vive la cuenca vertiente del Mar Menor», pidiendo al Estado que «asuma su parte de responsabilidad y ejecute las acciones previstas en el mapa de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor».
Además, expresó la preocupación de la gente: «miran al cielo, temiendo por sus casas, sus comercios, su propia seguridad y la de sus familias», culpando a las multinacionales de «alterar» la orografía original del campo de Cartagena. Criticó que «se tenga que esperar ahora 32 meses» para el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones, advirtiendo que «es muy posible que pueda haber una dana» antes de ese periodo. También mencionó que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor «debería estar vigente desde el 1 de agosto de 2023».
En contraste, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Antonio Martínez Nieto, consideró que lo que pidió el grupo Mixto en su moción «no es otra cosa que una sumisión al ecologismo» y recordó que los planes contra inundaciones «existen desde hace tiempo; los filtros verdes que pretenden los nuevos planteamientos son solo cuidados paliativos».
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Casajús, criticó la actuación del Ministerio, afirmando que hace «oídos sordos», y criticó a un Gobierno que «se niega a ejecutar siquiera una parte mínima de los planes hidrológicos previstos y mantiene una inversión en infraestructuras muy por debajo de lo necesario».
Por su parte, el diputado del grupo parlamentario Socialista, Manuel Sevilla, propuso que «se hagan de manera urgente» las actuaciones del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente y el de Ordenación del Riesgo de Inundaciones.
INFLACIÓN
La Asamblea también rechazó una moción de Vox destinada a reducir la inflación y a luchar contra la subida de precios. Esta moción recibió tres enmiendas a la totalidad, una por cada grupo parlamentario, que tampoco contaron con el respaldo suficiente para salir adelante.
Rubén Martínez Alpañez, el portavoz de Vox, arremetió contra PP y PSOE, acusándolos de «quitarnos la mayor cantidad posible de dinero de nuestro bolsillo para financiar sus chiringuitos». En este sentido, abogó por rebajar el IVA general al 18% y el reducido al 8%; blindar un tipo del 4% para luz, gas y agua; reducir al tipo superreducido el IVA de productos como pañales y servicios de dependencia; y rebajar el IRPF por adquisición de vivienda habitual, entre otras medidas.
Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo criticó la «falta de rigor» de la propuesta fiscal de Vox, asegurando que «no responde a ninguna de las preguntas esenciales» sobre su impacto recaudatorio, déficit y deuda. «En política económica, rigor, prudencia y memoria de las consecuencias», señaló Albaladejo, quien indicó que «el proyecto político del PP no es otro que bajar impuestos, como hacemos donde gobernamos», pero «lo queremos hacer con rigor, y no generar agujeros que terminan pagando los mismos, que son las clases medias».
El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez, insistió en que «la bajada de impuestos que proponen Vox y el PP siempre termina beneficiando a las rentas altas». Aportó ejemplos como que «tan solo 399 ciudadanos de la Región, el 0,02% del total, se han beneficiado en 2023 de un ahorro en el impuesto de sucesiones y donaciones de 345.000 euros cada uno» y que «2.890 ciudadanos, el 0,11% de la población, se ahorran de media 109.000 euros con las bonificaciones de este impuesto».
El diputado del PSOE concluyó afirmando: «Señor Alpañez, su propuesta es una oda al populismo y a la demagogia. Usted ha venido a contarnos una milonga», defendiendo la «justicia fiscal y social» como objetivo de los socialistas.
Finalmente, José Luis Álvarez-Castellanos, parlamentario de Podemos-IU-AV, criticó que la moción presentada por Vox «engaña directamente a la ciudadanía» al utilizar datos «falsos, descontextualizados y sesgados intencionadamente». Álvarez-Castellanos afirmó que «el problema fundamental es de desigualdad» y reclamó una «reforma fiscal progresiva» para que «paguen más los que más tienen» y «políticas para luchar contra la pobreza» y «garantizar los servicios públicos en nuestra sociedad».
