PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) – El desalojo de la antigua prisión de Palma sigue avanzando mientras el Ayuntamiento persiste en su búsqueda de espacios para acoger a las 206 personas que actualmente viven en su interior.
La búsqueda de soluciones habitacionales
La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles que los servicios sociales no tienen la capacidad de ofrecer a todos ellos un lugar estable en el que vivir.
Es por ello que ha insistido en solicitar a todas las entidades sociales, instituciones o particulares que puedan poner a disposición del Consistorio un recurso habitacional, ya sea temporal o a largo plazo, que se pongan en contacto con ellos. Por el momento, ha admitido que no han recibido ningún ofrecimiento ni en los contactos mantenidos ni a través de la dirección de correo electrónico habilitada con esta finalidad.
Garantías de acogida para quienes abandonen voluntariamente
«El Ayuntamiento no dispone de espacio para las más de 200 personas, pero ya lo dijimos, para todos aquellos que, una vez se les haya notificado el desalojo, decidan voluntariamente abandonar el edificio, pondremos todos los medios para darles una acogida. Eso sigue sobre la mesa», ha asegurado la regidora.
Celeste ha recordado que algunos de los residentes, durante su intervención en el pleno del pasado jueves, reclamaron al equipo de gobierno que les facilitara una vivienda en la que poder residir de forma estable. Aunque esto no es posible, la portavoz ha incidido en que no implica que no vayan a hacer «lo imposible» para dar una solución temporal a todos los que abandonen el inmueble de forma voluntaria.
Proceso de notificación del desalojo
Según informó el martes el propio Ayuntamiento, 170 de los 206 residentes de la antigua prisión que han sido censados ya han sido notificados del desalojo. Estas notificaciones comenzaron a realizarse el pasado viernes, una vez que la decisión fue acordada en una Junta de Gobierno extraordinaria. Los ocupantes disponen de un plazo de cinco días para realizar alegaciones y, una vez resueltas, de otros cuatro días para abandonar el inmueble.
De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará la correspondiente autorización de desalojo a la autoridad judicial, un escenario que la semana pasada no se descartaba.
