MURCIA, 4 de marzo de 2023 – La Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana se han unido para crear un frente común y reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medidas excepcionales ante la situación que atraviesa el sector agrícola por la falta de herramientas para combatir las plagas que afectan a cultivos hortofrutícolas, como la lechuga o los cítricos.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto a sus homólogos, ha remitido una carta conjunta al ministro Luis Planas solicitando «una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales», según ha indicado la consejera.
Rubira ha añadido que «se trata de una situación límite que está teniendo consecuencias catastróficas para los cultivos. Hablamos de pérdidas de hectáreas, pero también de la pérdida de puestos de trabajo».
Las tres comunidades alertan en la misiva que la eliminación progresiva de sustancias activas, unida a los efectos del cambio climático y a las crecientes exigencias comerciales, está poniendo en riesgo la producción y rentabilidad de las explotaciones agrícolas. «Tanto el Gobierno regional como el sector agrícola necesitamos respuestas», subraya Rubira.
En la carta, se solicita que se utilicen de forma ágil los mecanismos de emergencia previstos en la normativa europea para permitir autorizaciones excepcionales cuando exista un riesgo grave para la producción, según informa el Gobierno regional en un comunicado.
Rubira ha resaltado la necesidad de que «expliquen por qué si otros países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia o Francia han autorizado excepcionalmente el uso de productos que permitan combatir las plagas por parte de sus agricultores, el Gobierno de España niega a nuestros productores poder utilizar estos productos».
La consejera ha advertido que esta situación genera «un agravio comparativo y una pérdida de competitividad» y ha remarcado la necesidad de «garantizar que el sector agrícola disponga de las herramientas necesarias para mantener su rentabilidad y competitividad en igualdad de condiciones con otros Estados miembros».
