PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) – La mayoría del pleno del Parlament ha rechazado la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en la isla de Menorca. Este rechazo se ha producido con los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor de la iniciativa.
La normativa proponía introducir medidas que redujeran la afluencia de vehículos privados y contribuyeran a eliminar «los riesgos, los impactos y la saturación» de los espacios públicos que comporta este tráfico. Asimismo, se pretendía mejorar el transporte público por carretera, la protección de los entornos naturales y urbanos, la preservación de la «buena imagen» turística de Menorca y el refuerzo de la colaboración y la coordinación entre administraciones públicas en materia de movilidad.
El diputado del PSIB, Marc Pons, ha defendido la iniciativa y la ha señalado como «necesaria», ya que argumenta que es fundamental «coordinar» a los ayuntamientos y el Consell de Menorca, dado que son las corporaciones locales las que gestionan el impuesto de circulación de los vehículos. También ha señalado la necesidad de «empoderar» a la institución insular frente a las navieras para que aporten información y verifiquen los requisitos requeridos para entrar en la isla.
Otro de los motivos a favor de la ley es la intención de establecer un régimen sancionador e impulsar una movilidad sostenible, con el objetivo de «mejorar la calidad de vida de los residentes» y preservar una isla con un territorio «frágil, limitado y valioso». Durante su intervención, Pons ha recriminado al PP por apoyar leyes similares en Formentera y Eivissa, acusándoles de mantener un «postureo institucional» y de incumplir la promesa del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca.
Ley que «Colide» con la de Menorca Reserva de la Biosfera
El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha indicado que, aunque su formación votaría a favor, no les ha convencido la formulación de la proposición, ya que consideran que no sería necesaria por «colidir» con la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera. Esta otra norma, ha resaltado, «ya establece» un régimen sancionador y existirían dos leyes que «hablan de lo mismo, con formulaciones diferentes». Esto, según él, generaría «confusión» e «inseguridad jurídica».
Además, ha censurado que la ley «sustrae» competencias del Consell de Menorca para entregarlas al Parlament en la redacción del reglamento, lo que sería, a su parecer, «un tiro en el pie» para la autonomía de la isla, dado que requeriría de otra ley autonómica para efectuar cambios. «Esta ley es un dictado para el Consell de Menorca», ha concluido.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha destacado los dos estudios de carga encargados por el Consell que mencionan la «saturación» de las carreteras menorquinas y el «alto» índice de motorización. Asimismo, ha resaltado que la tendencia actual de entrada de vehículos de alquiler implica que «no se cumplen» los objetivos de Menorca 2030 para descarbonizar la isla, por lo que ha pedido medidas para promocionar el transporte público.
Desde Vox, la diputada María José Verdú ha criticado que la ley busca «limitar» la libertad de movimiento y el uso del vehículo privado. También ha argumentado que establecer un límite a la entrada de vehículos sería una «decisión política» y no una regulación «técnica» del tráfico, advirtiendo que no se atiende a la realidad económica de Menorca, donde uno de sus pilares es el turismo. Además, ha rechazado que se trate de implementar «más burocracia» e «intervencionismo público» con la creación de un consorcio para controlar el acceso de los vehículos, lo que conllevaría «más estructura administrativa» y «más gasto público».
El diputado del PP, Jordi López, ha comenzado reconociendo la importancia de preservar el territorio para las generaciones futuras ante la «elevada presión» existente en las carreteras de Menorca. Para ello, ha informado que el Consell ya se ha reunido con las navieras y ha solicitado permiso a la Autoridad Portuaria de Baleares para instalar cámaras que controlen el acceso de vehículos en los puertos de Ciutadella y Mahón.
López ha coincidido con Castells en que las decisiones que afectan a Menorca deben tomarse desde las instituciones de la isla y ha mantenido que el Consell de Menorca es «competente» para aplicar políticas de movilidad. Sin embargo, ha puntualizado que regular la movilidad «no es sencillo», ya que afecta a residentes, trabajadores, el turismo, y el transporte marítimo y público. También ha señalado que en legislaturas pasadas «se hizo muy poco», por lo que ha planteado establecer una limitación con «planificación» y un análisis «riguroso».
Por último, el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, se ha mostrado favorable a la ley, aunque la ha calificado de «mera declaración política». Ha subrayado que el Consell de Menorca ya tiene la potestad para regular la entrada de vehículos con la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera. En este sentido, ha planteado que la normativa de 2023 podría ser «mejorable» y se ha mostrado favorable a adecuarla o crear un nuevo marco jurídico que derogue esta ley. «Esta ley es un acto de crítica a la dejadez del Consell de Menorca, que si no la limita es porque no le da la gana», ha concluido Rosa.
