El pleno del Parlament ha derogado la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, en vigor desde 2018, con los votos a favor del PP y de Vox. Esta es la segunda vez que la propuesta, impulsada por Vox, llega al plenario de la Cámara autonómica. En la primera ocasión, los ‘populares’ acordaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar enmiendas de Vox que habían sido introducidas por error en una ley de simplificación administrativa.
El PP y Vox, en el marco de su acuerdo presupuestario para 2025, se comprometieron a reactivar la iniciativa. Después de considerar el texto y tramitarlo, este martes, el Parlament aprobó la derogación de la ley de memoria democrática de manera definitiva por 31 votos a favor (PP y Vox) y 26 en contra (PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos y GxF).
La normativa, que había sido aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, incluía la elaboración de un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada, el derecho a prohibir la exhibición y celebración de actos y homenajes franquistas, así como la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.
«NO QUEREMOS OLVIDAR»
Todos los grupos parlamentarios de la izquierda se opusieron a la derogación de la ley y, en apoyo a las víctimas, colocaron carteles con los rostros de represaliados por el franquismo en sus escaños. La crítica se dirigió principalmente al PP, al que se acusó de faltar a su palabra al apoyar la eliminación de la normativa a pesar de un pacto previamente establecido.
Joana Gomila, diputada de Més per Menorca, expresó: «Supongo que estarán satisfechos con el sufrimiento de tantas víctimas». Entre las medidas derogadas se encuentra la posibilidad de «restituir la memoria» de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, emitir certificados a las víctimas, o crear un banco de ADN para la localización de familiares de niños robados.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, cuestionó al PP por ser «quienes con más fuerza han ido a por la derogación» y aseguró que, tras decidir gobernar con la ultraderecha, su partido se dibuja como menos democrático. Iago Negueruela, portavoz del PSIB, calificó el pleno de este martes como «el más triste» de su carrera parlamentaria, manifestando que «es el dolor de muchas personas».
Negueruela también consideró que el apoyo del PP a la derogación «es una traición a la democracia y a la palabra» y apuntó que «por muchas leyes que deroguen, jamás van a callar o borrar a las víctimas». La diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, reflexionó sobre el impacto de la derogación en el contexto actual, preguntando en qué lado de la historia se quiere estar ante el avance de ideas consideradas superadas.
Llorenç Córdoba, de Gent per Formentera (GxF), lamentó la pérdida de una ley que buscaba mirar dignamente una parte de la historia imposible de borrar. Criticó que la derogación por parte del PP y Vox se produjera al tiempo que la ley era utilizada por otros como un elemento partidista en lugar de un espacio de reparación.
UNA LEY «INJUSTA»
Sergio Rodríguez, diputado de Vox, celebró la derogación como «un día histórico» y la calificó de «injusta» porque, según él, parte de una premisa falsa: «la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos». Al final de su intervención, dirigió críticas hacia los socialistas, acusándolos de convertir a las víctimas en verdugos.
La diputada del PP, Cristina Gil, argumentó que la ley de memoria democrática «no une, sino que separa y enfrenta», sugiriendo que la memoria es individual y no se puede imponer legalmente, salvo en dictaduras. Gil acusó a la izquierda de ignorar las memorias de las víctimas que no coinciden con su ideología, cuestionando si estas eran «víctimas de segunda».
Finalmente, reiteró que la ley de memoria democrática nunca ha sido una «prioridad» para su partido, resaltando que la verdadera preocupación es la ley de fosas actualmente impulsada por el Govern.
