VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – La indignación y el dolor se apoderaron de los testimonios durante la tercera jornada del juicio por el ‘caso ataúdes’. Uno de los afectados describió la amarga sorpresa de descubrir el «cambiazo» de féretro que sufrió su padre en el momento de la cremación, un reclamo que resonó entre otros perjudicados en la Audiencia de Valladolid.
Un testigo se enteró por casualidad de que su padre figuraba en un listado que incluía a los fallecidos cuyos féretros habían sido sustituidos por otros de menor calidad. Este impacto dejó a su familia devastada, ya que la compañía Ocaso los había llevado al tanatorio El Salvador, asegurando que sus padres «llevaban pagando el seguro toda la vida» y que tenían la opción de elegir el ataúd.
El funeral se llevó a cabo en la parroquia de San Pedro Apóstol y, posteriormente, el ataúd fue conducido al cementerio de Santovenia para su incineración, momento al que no pudieron asistir debido a que los empleados «echaron las cortinas» y lo hicieron imposible. «Sentimos indignación, rabia y mi madre quedó hundida ante esta estafa», expresó Javier del C.M. Ante ello, el abogado de la defensa de la familia Morchón, que se sienta en el banquillo junto a otros empleados, cuestionó por qué las cenizas de su progenitor seguían en custodia en el tanatorio desde 1997, a pesar de los requerimientos realizados para su recogida.
Sin embargo, el testimonio reveló que la urna con las cenizas fue retirada pocos días después y arrojada al monte. Otros afectados, como Victoriano R, también compartieron experiencias similares en las que no tuvieron opción de elegir, ya que todo venía fijado por la aseguradora. En su caso, ambos, su hermano y su padre, fueron incinerados sin que la familia pudiera asistir al momento.
«Piensas que estás en manos de profesionales»
Marta R, nieta de otro afectado fallecido en 1998, declaró no estar segura de si su abuelo fue incinerado en Santovenia, pero recordó vívidamente cómo los empleados corrían las cortinas justo cuando el féretro entraba en el horno. «Estamos muy disgustados porque piensas que estás en manos de profesionales y luego compruebas cómo manipulan el cadáver de tu familiar y cómo te estafan. El daño ya hecho no se puede pagar con nada», agregó indignada.
Situaciones análogas vivió Sonia S. al despedir a sus padres, cuyo proceso también se llevó a cabo en el cementerio del Parque El Salvador. Al conocer que figuraba como perjudicada, la testigo se unió a la sesión reclamando por el daño moral sufrido. «Nos sorprendió porque inicialmente parecía que todo funcionaba bien», relató. Francisco de J, otro afectado, confirmó que, luego de perder a su madre en mayo de 1998 y a su padre en octubre de 2002, también tuvo que lidiar con la falta de transparencia durante el proceso de incineración.
El juicio, que avanza, está centrado en 23 personas físicas, incluyendo a la viuda y a los tres hijos del fundador, para quienes se solicitan las penas más severas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, entre otros. Las empresas responsables también figuran como civiles subsidiarias en el proceso.
«El dueño ha muerto, pero que paguen los hijos»
María del Pilar Z recordó vívidamente el momento en que su madre, fallecida el 1 de enero de 1999, fue llevada al horno, donde le impidieron entrar. «Pregunté quién lo prohibía y no obtuve respuesta», denunció, insistiendo en que la caja fue seleccionada por ella misma. La mujer mostró su intención de reclamar en caso de una posible condena. «Es todo horroroso, profanar por tres pesetas, el dueño ha muerto, pero que paguen los hijos, es lo que nos queda a los afectados», subrayó.
Francisco A, sobrino de Maximiliano, fallecido el 31 de diciembre de 2001, también confirmó que no estuvo presente durante la incineración y renunció a cualquier indemnización, prefiriendo que cualquier compensación se destine a quienes realmente lo necesitan.
El juicio avanzará con nuevas jornadas de testimonios, añadiendo más voces a este lamentable caso de estafa y deslealtad en un momento de vulnerabilidad para las familias afectadas.
