Valladolid, 17 de marzo. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León y ha declarado la nulidad de la Orden que aprobó el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad, que entraba en vigor en junio de 2024.
Según ha informado Ecologistas en Acción, el tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente, dado que la elaboración del Plan de Gestión del Jabalí se realizó sin su aval.
La organización ecologista ha reprochado a la administración autonómica haber intentado validar el Plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión «meramente cinegética».
«La sentencia es tajante al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su notable carácter transversal», explica Ecologistas en Acción, que añade que el tribunal destaca que la norma afecta directamente a la seguridad vial y de las personas, a la salud pública y la sanidad animal, así como a la agricultura y el medio ambiente en general.
Además, el Tribunal considera «excesiva» la pretensión de que el Plan de Gestión del Jabalí tuviese una vigencia indefinida, ya que no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema que lo justifique.
El TSJCyL defiende que esta planificación a escala autonómica requería un «informe de mayor calado» y con una perspectiva más amplia, «como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos». La falta de este informe ha viciado de nulidad toda la norma, según Ecologistas en Acción.
Por último, el tribunal esgrime que el texto definitivo del Plan no fue presentado de nuevo a escrutinio público tras ser modificado.
Ecologistas en Acción ha celebrado la decisión judicial como un freno «a la nefasta gestión» del medio natural por parte del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general del Medio Natural, José Ángel Arranz. Esta gestión, argumentan, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político a corto plazo para contentar a ciertos sectores relevantes entre sus votantes.
Asimismo, han recordado a la Consejería de Medio Ambiente que la fauna silvestre debe ser gestionada con rigor, bajo el análisis de sus impactos sociales y ambientales, y con el apoyo de la ciencia y datos técnicos, algo que también exigen para otras especies, como el lobo. Lamentan que se siga aplicando la máxima de «tirar para adelante y luego ya se verá».
¿Quién asume responsabilidades políticas en este caso?, se preguntan desde Ecologistas en Acción, recordando que no es la primera vez que la justicia critica la gestión de la Consejería de Medio Ambiente sin que esto haya tenido consecuencias políticas. «Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas», concluyen.
