PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha negado que él o ningún miembro de su equipo de Gobierno haya incurrido en conductas que se puedan calificar como acoso laboral contra la jefa de Urbanismo y arquitecta municipal, Inés Llerena. Llerena ha interpuesto una denuncia penal contra el primer edil y los concejales de Urbanismo, José Antonio Barba, y de Obras, Javier Trujillo. Ruiz ha insistido en que en el Ayuntamiento «no existe ninguna versión personal hacia nadie», sino «exigencia de rigor, eficacia y responsabilidad en el trabajo público».
Los portavoces de los grupos municipales del PSOE y de IU, Manuel Sánchez y Jesús Manchón, han solicitado al alcalde que «reflexione» sobre su continuidad en el cargo y que «depure responsabilidades políticas al margen del proceso judicial».
En una comparecencia ante los medios, Ruiz ha leído una declaración que destaca un mensaje de «serenidad, responsabilidad y respeto institucional», ante informaciones relacionadas con la denuncia de la funcionaria. Ha declarado que la situación «se encuentra en el ámbito correspondiente y debe seguir su curso con todas las garantías».
El alcalde ha señalado que «como ocurre en cualquier organización, pueden producirse discrepancias o momentos de tensión derivados de la propia gestión,» e insistió en que las afirmaciones plasmadas en la denuncia de la funcionaria, filtradas a Cadena Ser, «son palabras sueltas, sacadas de contexto». Ha añadido que están manteniendo «tranquilidad y confianza» en que todo se aclarará, resaltando la importancia de actuar con «prudencia» y evitar «generar más ruido del necesario».
DISCREPANCIAS O TENSIÓN
En cuanto a la denuncia por acoso presentada por la funcionaria, que está actualmente en fase de diligencias previas, Ruiz ha reiterado que «en cualquier organización pueden producirse discrepancias o momentos de tensión». También ha afirmado que las palabras de la denuncia «no hay inquina contra nadie», resaltando que los términos usados en el documento «responden a una discusión tras la frustración por no lograr el objetivo deseado».
El alcalde ha explicado que la decisión de abrir un expediente disciplinario a la funcionaria se basa en informes técnicos sobre las «deficiencias» en la gestión de expedientes relacionados con obras en la calle Aduana, la calle Ancha y la eficiencia energética en el edificio del Ayuntamiento.
Ruiz ha asegurado que no existe «nada personal» en su actuación hacia ningún funcionario, y ha reiterado su compromiso de «trabajar por Puertollano, mejorar los servicios públicos y responder a las necesidades de los vecinos». Ha lamentado que se esté trasladando este conflicto «al terreno del enfrentamiento personal» y ha remarcado que hay quienes recurren a «vías que no contribuyen a elevar el nivel del debate público».
Las críticas del PSOE han enfatizado que el expediente disciplinario contra la funcionaria es «desproporcionado y precipitado», ya que implicó una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses, solo para dictaminar posteriormente que incurrió en una falta leve. Ruiz ha sostenido que el instructor del expediente negó «la eventual existencia de hostigamiento continuado» y confirmaba «hechos probados» de «mala praxis».
PSOE APOYA A ARQUITECTA
El Grupo Municipal Socialista ha expresado su apoyo a la arquitecta municipal y a todos los trabajadores del Ayuntamiento que se sientan «indefensos ante la prepotencia del alcalde». Manuel Sánchez, portavoz socialista, ha manifestado que, en vista de un posible «escenario legal complejo», «de confirmarse las declaraciones», podría haber implicaciones mucho más graves. Ha solicitado calma y la presunción de inocencia ante estos acontecimientos.
Sánchez ha advertido que la situación está lejos de resolverse, subrayando la necesidad de defender el honor de todos los trabajadores municipales. También se ha cuestionado al alcalde sobre su continuidad en el cargo, considerando los escenarios que se podrían abrir en función de la veracidad de las declaraciones.
Además, ha denunciado el «uso político» de procedimientos administrativos, señalando que la alcaldía actuó de manera «apresurada y desproporcionada» al imponer medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo. Se recordó que esta decisión se tomó días después de que la funcionaria presentara una reclamación por un incidente con el primer teniente de alcalde.
El Grupo Socialista, también ha manifestado su preocupación por un decreto que excluyó a los políticos del protocolo de acoso, sugiriendo que esto podría interpretarse como «cubrirse las espaldas».
IU PIDE DEPURAR RESPONSABILIDADES
Izquierda Unida ha mostrado su «total respaldo» a la funcionaria y ha exigido que se «depuren todas las responsabilidades políticas, al margen del procedimiento judicial».
En un comunicado, expresaron su «solidaridad y apoyo incondicional» a la afectada, y demandan que se mantenga un alto estándar ético entre quienes ocupan cargos públicos. Asimismo, han pedido transparencia total en el esclarecimiento de los hechos y que se garantice un clima laboral respetuoso en el Ayuntamiento.
Por último, Izquierda Unida ha manifestado su preocupación por la evolución del expediente disciplinario abierto a la funcionaria, destacando que un proceso inicialmente cargado de faltas muy graves ha sido reducido a un simple apercibimiento por escrito, lo que refuerza las dudas sobre la gestión del proceso.
