BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) – La parlamentaria del PNV, Alaitz Zabala, ha denunciado que durante la huelga general del pasado martes, convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde en Euskadi y Navarra para reclamar un salario mínimo de 1.500 euros, no se respetó el derecho a no hacer huelga. Asimismo, ha considerado «grave» que aún haya una parte «minoritaria» de la sociedad que «sigue pensando que las amenazas o las intimidaciones deben ser una herramienta para conseguir objetivos».
Zabala ha mostrado su absoluto desacuerdo con este tipo de actitudes «que no aportan absolutamente nada» y ha recordado los incidentes ocurridos en la Gran Vía de Bilbao, donde se destrozaron comercios. También ha llamado la atención sobre «otro tipo de piquetes, no informativos, sino intimidatorios, que suelen pasar por muchos pequeños comercios invitándoles a cerrar o no abrir».
«Ha habido bares que incluso han cambiado el día de descanso semanal para que parezca que hacen huelga, y eso creo que hay que decirlo, que eso está pasando en nuestra sociedad y que no debe suceder en una sociedad democrática», ha manifestado en el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi. A pesar de ello, se ha mostrado a favor de conseguir un salario mínimo propio y ha expresado su deseo de que, al jubilarse, su pensión sea pagada por el Gobierno vasco y no por el ejecutivo español.
EH Bildu defiende la huelga como un derecho
Desde EH Bildu, su parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha defendido que «todos los derechos laborales que se han conseguido a lo largo de la historia han sido gracias al ejercicio de la huelga». «Aquí nada ha caído del cielo. Entonces, desde EH Bildu vamos a hacer una valoración positiva de la huelga, en la que decenas de miles de personas se movilizaron», ha expresado.
Según ha indicado, esa jornada dejó claro que «hay una parte importante de la gente de Euskal Herria que cree necesaria y justa la petición de un SMI propio y que cree en el reparto de la riqueza». Por otro lado, el parlamentario del PSE-EE, Adrián Fernández, ha querido dejar claro su respeto al derecho a la movilización y a la huelga, que «forman parte de la democracia y del movimiento de las clases trabajadoras».
No obstante, se ha preguntado si «lo que se plantea en la huelga del pasado martes responde realmente a los intereses de las personas trabajadoras», sugiriendo que «se está mezclando de forma partidista, o se está intentando mezclar una reivindicación legítima, como es la mejora en los sueldos de las personas trabajadoras, con una propuesta que es algo muy diferente, que es ahondar en la agenda independentista». «Nosotros lo tenemos claro, el camino no es romper el marco común del salario mínimo interprofesional», ha aseverado.
Riesgos de desigualdad
Fernández ha precisado que el salario mínimo interprofesional es una «herramienta de solidaridad entre todos los trabajadores de España, que garantiza un suelo común de derechos». Ha alertado de que «fragmentarlo por territorios abriría la puerta a desigualdades y competencia a la baja».
También ha resaltado que «no es casualidad que quien históricamente ha defendido que haya un salario mínimo por comunidades autónomas han sido los sectores empresariales y la CEOE, porque debilita la posición de las personas trabajadoras».
Según el representante socialista, las personas trabajadoras «ya están protegidas por un convenio colectivo, el 90%, es decir, nueve de cada diez. Y eso lo que permite en la práctica es que sus sueldos estén también por encima del salario mínimo interprofesional». «Esa es la realidad y esa es la herramienta que funciona en este país», ha sentenciado.
Acusaciones del Partido Popular
El PP, por boca de su parlamentaria Muriel Larrea, ha manifestado su respeto al derecho a la huelga y al trabajo, aunque ha señalado que «lo que no hace la ultraizquierda independentista, que en el seno del Parlamento está representada por EH Bildu, que promueve la proliferación de un movimiento euskofascista de izquierdas, que boicotea e impide trabajar a aquellos autónomos que querían ir a trabajar».
Larrea ha criticado que «lo que hacen estos movimientos euskofascistas es impedir el derecho del 80% del trabajo del sector privado, que lo sostienen los autónomos y las pymes», haciendo referencia a la petición de Zabala sobre que las pensiones sean pagadas en el País Vasco. «Tenemos un déficit de 4.500 millones de euros para el pago de las pensiones. Si tuviéramos que pagar las pensiones de los vascos, no llegaríamos a pagar ni una sola pensión», ha afirmado.
Por lo tanto, ha instado a dejar de «engañar a la gente» y ha afirmado que «no es una competencia propia. No vamos a poder negociar un SMI propio en Euskadi», llamando a «ajustarse a la legalidad y evitar que haya movimientos que perjudiquen el trabajo de quienes se esfuerzan día a día».
Vox condena la violencia
Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha declarado que el «espectáculo» vivido el 17 de marzo fue «verdaderamente lamentable, porque se obligó a parar a quienes no querían, se utilizó la violencia sin vacilar, porque lo importante era parar, quisieran o no, y esto es absolutamente inaceptable».
Tras acusar a los sindicatos que convocaron la huelga general de no trabajar por el conjunto de la sociedad, sino por «calentar las calles para su supervivencia», ha pedido que se les retire todo tipo de subvención pública, sugiriendo que se mantengan solo con aportaciones de sus propios afiliados.
«Ellos saben de sobra que el Gobierno Vasco no puede ahora mismo decidir una subida del SMI a la vasca, porque es una competencia estatal. Por tanto, es evidente que la huelga no fue por los trabajadores, sino que fue una huelga de los políticos de ultraizquierda, en la que había abundantes chavales de negro, agresivos, con la cara tapada, quienes obligaban a los autónomos a cerrar», ha añadido.
En esta línea, ha resaltado que esos «chavales, animados y sostenidos por EH Bildu, no han trabajado en su vida y no saben lo que significa trabajar de sol a sol para dar de comer a tu familia», afirmando que las empresas «solo cerraban las persianas al paso de la manifestación porque la violencia y los destrozos que ocurrieron en pequeños negocios de autónomos llevaban también el sello de la izquierda abertzale».
