BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) – La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha expresado su preocupación ante la «dejadez» en el desarrollo de la Ley vasca de Cooperación, resaltando «avances lentos en cuestiones concretas» e «incumplimientos presupuestarios». Además, ha acusado al Gobierno Vasco de «ponerse de perfil» frente a la actual coyuntura internacional y ha advertido que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo este año «su primer recorte en una década» en ayuda a la cooperación.
En un encuentro con medios de comunicación en Bilbao, coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad, las ONGD de Euskadi han puesto de manifiesto que la ley, que genera «ilusión y esperanza» en el sector, ha sido evaluada de manera «negativa» tras dos años de su implementación.
La vicepresidenta de la coordinadora, Sonia González Martín, ha criticado la falta de acción del Gobierno Vasco en la aplicación de esta ley, destacando la necesidad de convocar espacios de decisión y hacer frente a los incumplimientos presupuestarios. Asimismo, ha comentado que el Ejecutivo «se ha puesto de perfil» en cuanto a la actual coyuntura internacional «belicista».
Las ONGD han denunciado que en diciembre de 2025, durante la aprobación de los presupuestos, el Parlamento vasco modificó la ley de Cooperación mediante una enmienda que permite al sector público vasco colaborar económicamente con empresas que produzcan o financien armamento o tecnología militar, siempre que se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad. El objetivo de esta modificación es «salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar».
La coordinadora ha defendido el modelo de cooperación vasca como un «dique de contención» ante la actual «ola antidemocrática y antiderechos», alertando sobre el aumento del autoritarismo a nivel global, que restringe progresivamente las libertades fundamentales. Según el Civicus Monitor, solo el 7% de la población mundial vive en países con «un espacio cívico abierto, total o relativamente», y once de los trece países en los que más operan las ONGD vascas tienen un «espacio cerrado o represivo».
Además, han indicado que, actualmente, se está viviendo un «desmantelamiento» de la ayuda oficial al desarrollo por parte de los principales países donantes, extendiéndose la «ola de recortes» que Estados Unidos inició al cerrar la USAID en julio de 2025 por todo Europa.
Para que las ONGD de Euskadi puedan continuar su labor, es necesario un «compromiso político y una dotación económica suficiente». La tesorera de la coordinadora, Susana Piera, ha advertido que el Gobierno Vasco ha realizado en 2026 «su primer recorte en una década» en la dotación destinada a cooperar, lo que representa una reducción de 2,5 millones de euros respecto al año anterior.
La coordinadora considera que esto es un incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación, del acuerdo de gobierno y del Plan Bienal de la Agencia Vasca de Cooperación. En su opinión, el Ejecutivo «está dando marcha atrás» en su política de cooperación y en los compromisos adquiridos.
Piera también ha señalado que «la ley obliga a aumentar el presupuesto en cooperación, al menos, en la misma proporción que el presupuesto general», lo que generaría una diferencia real de más de 7,5 millones de euros. Además, ha recordado que el mandato de la ley es alcanzar el 0,7%, lo cual implicaría un aumento de 71 millones de euros.
El informe sobre los presupuestos de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, elaborado anualmente por la Coordinadora de ONGD, indica que la media destinada a cooperación por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales es de un 0,35%, la cifra más baja de la última década, siendo 0,40% hace seis años.
Específicamente, el Ejecutivo destinó un 0,31% de su presupuesto a cooperación, las diputaciones una media del 0,40% (con la vizcaína liderando con un 0,42%) y los ayuntamientos de las capitales superaron el 0,50% (destacando el de Vitoria con un 0,60%).
Las ONGD vascas esperan equilibrar el descenso en las cuantías del Gobierno Vasco con el incremento de la ayuda al desarrollo de otras instituciones analizadas en su informe, principalmente en las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, que podrían significar más de 3 millones de euros.
En vista de futuros debates sobre presupuestos, la coordinadora ha solicitado «acuerdos amplios, compromisos claros y una apuesta firme por la cooperación y solidaridad internacional», considerando crucial que los presupuestos para 2027 avancen hacia el 0,7% en ayuda oficial al desarrollo.
EL SECTOR VASCO
Según el ‘Informe del Sector 2025’, la Coordinadora vasca está compuesta por 83 ONGD que cuentan con una base social de 117.586 personas, entre socias, voluntarias, donantes y personal técnico, mostrando una estabilidad con ligero aumento. Estas entidades gestionan 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países, en áreas como salud, nutrición, educación, provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, protección infantil, empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, así como la defensa de los derechos humanos.
El delegado de Gipuzkoa en la Coordinadora, Iñigo Odriozola, destacó que es un sector «fuerte, arraigado en Euskadi, en el Sur Global y en gran parte del mundo», con las ONGD vascas trabajando en sus proyectos con más de 5,7 millones de personas en el mundo. Esta cifra podría ser aún mayor, ya que la ayuda humanitaria en Palestina podría beneficiar a otros casi 6 millones de personas.
Igualmente, Odriozola remarcó que la gran mayoría de las personas con quienes colaboran las ONGD vascas son mujeres, alcanzando casi un 80% en América, un 70% en Asia y un 55% en África.
Además de su trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo, las ONGD vascas cuentan con una herramienta de Educación para la Transformación Social, cuya misión es crear en la sociedad vasca «una conciencia crítica sobre desigualdades e injusticias globales».
El 87% de las ONGD vascas poseen entre cinco y diez años de experiencia en esta área de educación y, en los últimos tres años, han implementado iniciativas en 88 municipios vascos y han intervenido en más de 550 centros educativos.
La página web de la coordinadora incluye un espacio designado como Eraldagune, que ofrece un catálogo de recursos educativos «para transitar a una sociedad más justa», el cual cuenta con más de 400 materiales y recursos educativos.
Por último, Odriozola subrayó que uno de los retos más importantes del sector es profundizar en el trabajo en la educación formal, en coherencia con la Ley Vasca de Cooperación y la Ley Vasca de Educación, integrando propuestas de Educación para la Transformación Social en el currículo de la educación universitaria y no universitaria.
