PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) – El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha expresado este miércoles su desacuerdo con el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripañaga a la UTE Acciona-Servinabar en el año 2018, periodo en el que Aierdi era gerente de la sociedad pública Nasuvinsa.
Respeto pero desacuerdo con la OANA
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Aierdi reconoció tener «el máximo respeto» hacia la OANA, pero argumentó que existen organismos, como Comptos y la Intervención General del Gobierno de Navarra, que fueron creados antes y cuentan con mayor experiencia histórica. Según él, estos organismos tienen una opinión diferente sobre el caso en cuestión.
Aierdi manifestó que recibió el informe de la OANA sobre las 62 VPO con «sorpresa e indignación» y que no comparte su contenido. Afirmó que «en el momento en el que la OANA hace el informe, no se había acreditado por parte de Nasuvinsa la existencia de la resolución que autoriza la contratación de esas obras». Señaló que el argumento de la OANA sobre la falta de autorización para contratar es incorrecto, ya que posteriormente se ha acreditado que sí existió una resolución del 27 de diciembre de 2018 firmada por el consejero de Inclusión y Protección Social.
Incongruencias en el procedimiento
En su argumentación, Aierdi consideró que la «conclusión jurídica de la OANA no es correcta», argumentando que contaban con información errónea y que la promoción de las 62 VPO tenía la autorización adecuada en el momento de llevarse a cabo. Respondiendo a la pregunta del parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, Aierdi refutó las críticas sobre la falta de actuaciones preparatorias y el nombramiento de presidencia en la mesa de contratación, explicando que «la ley foral de contratos públicos no se aplica a las sociedades públicas».
Aierdi subrayó que no había obligación de nombrar un presidente en las mesas de licitación en el momento en que se aprobó la contratación, y defendió que hay una asesoría jurídica en Nasuvinsa que sigue las instrucciones de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN).
Deficiencias en el procedimiento
A pesar de su defensa, el exgerente de Nasuvinsa admitió que la ausencia de actas de la mesa es un hecho «relevante», y que la situación le llevó a interesarse por el tema. Mencionó que el secretario de la mesa insistió en que las actas existieron, pero no han podido ser localizadas, lo que representa una «deficiencia del procedimiento».
