BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) – La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha acusado al PSC de aliarse con PP y Vox en la Junta de Portavoces de la Cámara catalana para «vetar» el debate en el pleno de la proposición de ley de los ‘cupaires’ en defensa del catalán en las escuelas.
«Se han aliado para vetar un marco normativo, este nuestro que intentábamos presentar a debate, y en cambio, siguen dando apoyo a un marco normativo que se ha visto que no sirve, ni para defendernos ni para garantizar el aprendizaje y uso real del catalán en los centros educativos», afirmó Vega en rueda de prensa este martes.
Vega también se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ordenar ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, subrayando que «los jueces no pueden decidir que en Catalunya no se aprenda catalán».
La diputada anticapitalista defendió que su iniciativa ha sido realizada de la mano de los sindicatos mayoritarios educativos, y criticó el «talante poco dialogante» del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, con la comunidad educativa.
«Hoy volvemos a constatar que este es un Govern que hace oídos sordos a todos estos docentes y esta comunidad educativa, que presenta una y otra vez formas de poder defender el catalán, como defienden que la educación pública sea de calidad», sostuvo Vega en alusión a las recientes jornadas de huelga educativa.
BAJAS MÉDICAS
Vega también instó a Illa a aclarar si «mintió a todos los catalanes o la consellera (Olga Pané) mintió al presidente» al decir que las bajas médicas continuarían dándose en Catalunya con criterios médicos, ya que asegura que esto es falso.
La diputada criticó que el Govern no ha respondido a todas las cuestiones de la CUP sobre este tema, y aseguró que, al condicionar los presupuestos de los centros de atención primaria a que acorten las bajas laborales, «es evidente que sí se está mercantilizando, que se está haciendo chantaje a los profesionales médicos» y se pone en riesgo el derecho a la salud de los trabajadores.
Vega exigió «claridad» al Govern sobre la utilización de cibervigilancia ciudadana por parte de las fuerzas de seguridad catalanas, ante la contratación de este tipo de herramientas por parte de la Conselleria de Interior, según sus datos.
«No puede existir una doble vara de medir. No nos puede parecer una vulneración de derechos humanos y políticos cuando se utiliza por parte del Gobierno del Estado español y una práctica aceptable cuando lo hace el Govern», concluyó Vega.
