PALMA, 15 (EUROPA PRESS)
MÉS per Mallorca ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación del proyecto de ley de proyectos estratégicos. Por su parte, MÉS per Menorca no descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal relacionada con la misma cuestión.
En las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, los representantes de ambos grupos han expresado su descontento con la decisión de la Mesa del Parlament de reconsiderar las enmiendas presentadas por el PP y Vox, las cuales consideran que no tienen relación directa con la ley en cuestión.
El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha subrayado que su grupo está dispuesto a presentar un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la forma en que se está llevando a cabo la tramitación podría «vulnerar» los derechos de los diputados.
Por su parte, el menorquinista Josep Castells ha acusado a la Mesa de «hacer el trabajo sucio» del Govern al aceptar enmiendas que considera «ilegales». A su juicio, este procedimiento busca permitir que estas enmiendas se cuelen en un proyecto de ley que, según él, no las admite.
Castells ha detallado que, según la Mesa de la Comisión de Hacienda y siguiendo el criterio unánime de los letrados de la Cámara, las enmiendas habían sido rechazadas por no guardar relación con la ley en tramitación hasta que, sorpresivamente, la Mesa del Parlament volvió a admitirlas el pasado miércoles.
Además, ha señalado que el vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira, «reconoció expresamente» en acta que las enmiendas de su propio grupo no estaban relacionadas con el título del proyecto de ley. También ha indicado que los escritos de reconsideración de PP y Vox fueron presentados «fuera del plazo reglamentario», lo que llevó a la Mesa a «hacer la vista gorda» y saltarse sus propias normas para lograr un resultado políticamente favorable.
Castells ha procedido a presentar una impugnación, señalando que la conducta del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el vicepresidente de la Cámara podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa. Esta impugnación ha llevado a que la ponencia prevista para el pasado martes optara por no debatir ni votar las enmiendas, lo que el diputado interpreta como un «reconocimiento implícito de que la maniobra de la Mesa no resiste un escrutinio jurídico serio».
Por todo ello, Castells ha exigido a la Mesa que anule el acuerdo adoptado y que paralice cautelarmente la tramitación de las enmiendas impugnadas. En caso contrario, ha advertido que su grupo considerará emprender acciones contencioso-administrativas, constitucionales y penales.
EL PP DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA MESA
En respuesta, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido que la actuación de la Mesa del Parlament ha sido «impecable». Según él, los escritos de reconsideración se registraron dentro del plazo establecido y considera que la queja de MÉS es una «anécdota desesperada» de su forma de oponerse.
El representante ‘popular’ ha afirmado que la Mesa ha actuado siempre con el «apoyo» de los informes técnicos de los letrados de la Cámara, resaltando que las enmiendas presentadas «mantienen una relación amplia con el título de la ley». Asimismo, ha indicado que otros grupos han presentado enmiendas que, según ellos, no tienen relación con el título original de la ley, lo que hace que el desprecio hacia la actuación de la Mesa le resulte incomprensible.
