La Junta Electoral Central (JEC) ha archivado la denuncia presentada por el PSOE solicitando la suspensión de la comparecencia de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero. Esta comparecencia está programada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según el acuerdo consultado, la JEC sostiene que «no le corresponde suspender la convocatoria de una Comisión de Investigación, ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración». Este dictamen aclara que, a pesar de la decisión, los actos sin valor de ley de las Cámaras parlamentarias pueden ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la JEC ha destacado la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que establece «la neutralidad de las instituciones como principio básico del ordenamiento». Se refiere en particular al artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que aborda la celebración de actos por poderes públicos durante un período electoral.
La JEC añadió que «los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales, que pueden continuar realizando las funciones que constitucionalmente tienen conferidas». Destacó además la «autonomía parlamentaria del Senado para reclamar comparecencias que estime necesarias».
Pese a esta decisión, la Junta ha hecho un llamamiento «al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el período electoral».
La petición de suspensión de la comparecencia fue formalizada el pasado 13 de abril por Francisco Rodríguez, secretario de Organización del PSOE-A, como parte de una ampliación de una denuncia electoral que el PSOE había presentado el 21 de marzo. Esta última se debió a las declaraciones de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García Rodríguez.
La ampliación de denuncia estaba dirigida «contra el PP» y su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, por «reiteración, intensificación y agravación» de «actuaciones previamente denunciadas, por vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz».
La JEC llama a «extremar el cuidado» pese al archivo
Con fecha del 31 de marzo de 2026, el PSOE-A formuló una denuncia electoral contra el PP y su portavoz en el Senado, Alicia García, acusándolos de «vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» (Loreg) al utilizar una institución del Estado —el Senado— con fines electorales en el marco del proceso electoral andaluz.
Según el PSOE, la rueda de prensa denunciada se llevó a cabo desde un atril del Senado, bajo una apariencia oficial y acompañada de la bandera española y europea, lo que consideraron una violación de lo establecido en el artículo 50.2 de la Loreg.
La portavoz García presentó alegaciones asegurando que no hubo desviación de poder, argumentando que «no puede aplicarse a una cámara parlamentaria que ha constituido una comisión de investigación sobre un asunto de interés público».
Además, afirmó que el anuncio de la comparecencia de Montero se realizó en una rueda de prensa celebrada en el Senado el 27 de febrero de 2026, «tres semanas antes de que se anunciase la convocatoria de elecciones en Andalucía».
En su ampliación de denuncia, el PSOE-A incluyó citas de Cuca Gamarra en relación a la comparecencia de Montero que, según el partido, «constituyen imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial».
Para el PSOE-A, los hechos que se describen en este documento «evidencian la existencia de una conducta reiterada, sostenida y progresivamente agravada, desarrollada de forma coordinada en sede institucional, mediática y digital».
En su respuesta, Cuca Gamarra también presentó alegaciones, insistiendo en que «no se puede controlar la actividad estrictamente parlamentaria de las Cortes Generales en base al artículo 50.2 de la Loreg». Reiteró que el anuncio se produjo más de tres semanas antes de la convocatoria electoral.
La JEC, al revisar las alegaciones de Alicia García, indicó que la rueda de prensa en el Senado «está al margen de las funciones que el Reglamento reconoce a los parlamentarios».
Finalmente, la JEC concluyó que «no le corresponde» pronunciarse sobre los hechos de la denuncia y ha reiterado que los representantes de los Grupos Parlamentarios «extremen el cuidado de sus declaraciones durante el período electoral».
