PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – Trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Palma han denunciado que han recibido «instrucciones políticas» para no reforzar el servicio, a pesar del incremento de demandas de certificados de vulnerabilidad social, un documento imprescindible para iniciar los trámites en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
En un comunicado, los trabajadores del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma han declarado que están enfrentando una situación de sobrecarga en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Social, a raíz de la puesta en marcha del mencionado proceso de regularización.
Es importante recordar que uno de los requisitos imprescindibles para acceder a este proceso es la obtención de un certificado de vulnerabilidad social, que debe ser elaborado por los Servicios Sociales municipales.
La apertura de este procedimiento ha generado un aumento repentino y muy significativo de demandas, concentradas principalmente en la OAC Social.
Consecuencias de la Falta de Recursos
Ante este escenario, el equipo directivo activó medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las personas solicitantes, cumplir con los plazos establecidos, asegurar la calidad del servicio público y proteger a los profesionales de atención directa. Sin embargo, han asegurado que han recibido «instrucciones políticas» que impiden el refuerzo del servicio y dejan toda la gestión de este volumen extraordinario de solicitudes en manos del personal habitual.
Los trabajadores han indicado que esta decisión tiene consecuencias graves, como la incapacidad para responder dentro de los plazos exigidos, lo que podría excluir del proceso de regularización a personas que cumplen con los requisitos necesarios.
Además, advierten que esta sobrecarga también implica la imposibilidad de atender otras demandas de la ciudadanía que requieren atención de este dispositivo. A su vez, se genera una presión insostenible sobre los profesionales, quienes no cuentan con los recursos humanos necesarios para asumir esta carga.
Los trabajadores consideran que esto compromete seriamente la calidad del servicio público y la función social del Ayuntamiento, en un momento de máxima vulnerabilidad para muchas personas.
Finalmente, concluyen que existe un «riesgo real» de vulneración de derechos de un colectivo especialmente frágil. «No reforzar la OAC Social en este contexto es una decisión que ignora las necesidades reales de la ciudadanía y el objeto del servicio y del área. La situación actual no es puntual ni menor, sino previsible y estructural mientras dure el proceso de regularización», han expresado.
