El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y vicepresidente primero del SCRATS, Roque Luis Bru, ha alertado en la Asamblea Regional que el incremento del caudal ecológico en el río Tajo «ya está suponiendo unos 70 hectómetros menos de agua» para los usuarios del trasvase. Ha instado a los diputados a «trabajar allá donde podáis, sobre todo en Madrid», para asegurar la continuidad del Acueducto Tajo-Segura.
CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)
Bru realizó estas afirmaciones durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, en respuesta a las recientes medidas del Ministerio para la Transición Ecológica. Detalló la dependencia estructural de su comunidad de regantes respecto a esta infraestructura, que agrupa a «unos 22.000 comuneros» y «unas 25.000 hectáreas de cultivo» en el sur de Alicante, con un consumo anual que oscila entre «50 y 60 hectómetros cúbicos».
El presidente de los regantes recordó que la llegada del trasvase, hace 47 años, transformó el modelo agrícola de la zona, permitiendo cultivar productos con más valor añadido, a diferencia de la calidad del agua del Segura que se utilizaba previamente. «Hoy, al igual que Murcia y Almería, nuestra dependencia del trasvase Tajo-Segura es total», subrayó.
La subida del caudal ecológico aprobada en 2023 se presenta como uno de los principales problemas. Aunque Bru reconoció que la actual disponibilidad de agua en cabecera podría enmascarar este impacto, enfatizó que «esos dos metros cúbicos por segundo ya están suponiendo unos 70 hectómetros menos de agua» para los regantes. A su juicio, esta reducción genera «incertidumbre» en un sector que ya enfrenta dificultades económicas, problemas de relevo generacional y compromisos de inversión pendientes.
En este contexto, defendió que la desalación «es fundamental», pero advirtió que no puede reemplazar al trasvase, argumentando que «el agua desalada tiene un coste muy superior». Resaltó que el trasvase es vital para «mantener un precio asumible del mix de aguas» utilizado por las comunidades de regantes, y que reemplazar gran parte de este recurso por agua desalada no es viable para la mayoría de los agricultores.
Bru también cuestionó el impacto ambiental de estas medidas, mencionando que «no hay ningún informe serio sobre el impacto económico y social» del incremento del caudal ecológico. Afirmó que «los únicos beneficiarios han sido los portugueses», ya que sostiene que el agua adicional termina en Portugal sin aportar ventajas a España.
Durante su intervención, defendió el rol estratégico del sector primario en un contexto internacional incierto y enfatizó la importancia de la «soberanía alimentaria». «Lo único que queremos los agricultores es poder seguir trabajando», concluyó.
Reacciones de los Grupos Parlamentarios
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, afirmó que «el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable» para su partido. Moreno defendió que la postura del PSOE es garantizar esta infraestructura y propuso un «mix hidrológico» que contemple desalación, reutilización y recursos propios. Además, preguntó a Bru sobre su opinión respecto a la desaladora de Torrevieja y su conexión con el trasvase y el Júcar-Vinalopó.
Desde Vox, Antonio Martínez respaldó el discurso de Bru, denunciando una «violencia hídrica» contra el Levante. Advertió que el proceso actual de planificación hidrológica podría significar «la condena de muerte» del trasvase, reclamando una respuesta política unificada para revertir esta situación.
Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, propuso un enfoque más estructural del problema. Consideró que la situación del trasvase no es un problema aislado, sino resultado de factores como la reducción de aportes en cabecera por el cambio climático, el crecimiento del regadío y el impacto ambiental del modelo agrointensivo. Planteó la necesidad de estudiar «una reconversión» o «un redimensionamiento de la capacidad productiva agrícola».
El diputado del Partido Popular, Jesús Cano, denunció que las decisiones del Gobierno central se están tomando «sin diálogo real y de espaldas al territorio». Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner «la guillotina al trasvase» y reclamó que el futuro de esta infraestructura se basase en criterios técnicos en lugar de políticos, advirtiendo del impacto económico que su desaparición conllevaría.
En su réplica, Bru respondió a las preguntas de los grupos y reafirmó su defensa del trasvase como elemento clave del sistema hídrico en el Levante. Abogó por la interconexión de la desaladora de Torrevieja con el sistema del trasvase, asegurando que se está dando «colaboración total» entre administraciones para su desarrollo. También propuso potenciar el uso de aguas depuradas, que describió como una de las fuentes más eficientes.
Finalmente, advirtió sobre las dificultades de adaptación del sector hacia modelos como la agricultura ecológica en un mercado global competitivo, lamentando que «no podemos competir con productos de terceros países que utilizan materias activas prohibidas aquí». Además, destacó la importancia económica del regadío ligado al trasvase, que, según indicó, sostiene «más de 100.000 empleos directos», e insistió en que su desaparición tendría repercusiones «muy graves» para todo el sureste español.
