El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves como investigado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos seguros. Además, ha manifestado que no tiene constancia de que se hayan cobrado comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama durante la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en Canarias. Estas afirmaciones las realizó Aldama ante el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas citadas tras la comparecencia de Aldama, que fue convocado a declarar debido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario en Baleares.
Aldama también mencionó que los supuestos pagos de 10.000 euros que realizó a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se limitaban únicamente a los contratos de mascarillas, sino que estaban relacionados con presuntos amaños en obra pública. Relató que Koldo García funcionaba como mediador entre él y Francina Armengol y que el exasesor presumía ante Aldama de su vínculo con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso.
Por otro lado, Aldama apuntó que Zapatero, recientemente imputado en la causa ‘Plus Ultra’, usaba teléfonos seguros similares a los utilizados en la trama de mascarillas. Sin embargo, reconoció no saber si estos dispositivos provenían de Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, quien presuntamente proporcionó los teléfonos a Aldama y Koldo. Aldama también confirmó que colaboraba con la Guardia Civil, aportando ayuda económica a algunas unidades del cuerpo a través de material o «merchandising».
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, con el objetivo de profundizar en las conexiones entre los miembros de la presunta organización criminal, que incluiría a Aldama, Koldo y el exministro Ábalos. Dicho informe subrayaba que los contratos de material sanitario, en el contexto de la pandemia de coronavirus, constituían parte de la compensación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama pagaba a Koldo. Según los investigadores, esta relación le permitía al empresario «tener acceso» al exministro.
Además, se indicó que esta «relación económica» persistió hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fuesen cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, sugiriendo que el patrón de pagos de Aldama no respondía a actuaciones concretas, sino más bien al refuerzo de su capacidad de influencia para obtener un lucro económico.
Inicialmente, Aldama tenía cita para declarar el 14 de mayo junto con Koldo, ambos en calidad de investigados, pero el juez Moreno trasladó la declaración de Aldama a esta semana, tras «verificar la agenda de señalamientos» de la Audiencia Nacional.
En cuanto a Koldo, este se acogió a su derecho a no declarar. Su abogada, Leticia de la Hoz, presentó un recurso al magistrado para archivar la causa y suspender el interrogatorio, argumentando que los hechos por los que iba a ser interrogado ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo. De la Hoz aclaró que Koldo estaba llamado a declarar sobre los contratos de mascarillas en Baleares y Canarias, aunque «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo, ya que el fiscal y la acusación popular lo incorporaron en las conclusiones definitivas».
El magistrado Ismael Moreno investiga diversas líneas de esta causa, que inicialmente se centró en las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este asunto ya ha sido examinado parcialmente por el Supremo, donde Ábalos, Koldo y Aldama se encuentran acusados, dado el estatus de diputado aforado de Ábalos durante su procesamiento. Además, la investigación aborda presuntos amaños en obras públicas y pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para cubrir gastos anticipados, en una pieza que sigue bajo secreto de sumario.
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