VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) – Vicente Palomo ha sido designado nuevo gerente de la Sociedad Parque Central a propuesta del Gobierno, aunque sin unanimidad, ya que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València votaron en contra debido a lo que consideran una «imposición». La decisión se ha aprobado gracias al voto de calidad del presidente de la sociedad, quien ostenta el 50% de poder frente al 25% de cada una de las otras administraciones.
Palomo, ingeniero de profesión, ha acumulado experiencia considerable en el sector. Entre 2015 y 2018, fue asesor en la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Además, ha trabajado como jefe de obra en el sector privado y es profesor asociado en la Universitat Politècnica de València.
Entre sus logros, cabe destacar que recibió un premio del Observatorio Valenciano del Cambio Climático del Ayuntamiento de València en 2013 por un estudio de movilidad, y fue finalista en los premios Estudia Valencia 2012 de la fundación Inndea.
Fuentes del Ministerio subrayan que Palomo representa «un perfil técnico, solvente, con experiencia y un amplio consenso en el sector», y añaden que la propuesta de Adif fue «la única candidatura propuesta formalmente». Según el Ministerio, «para sacarla adelante hemos hecho servir nuestra mayoría de calidad».
El rechazo de los organismos locales
Las mismas fuentes indican que «la alcaldesa Català y la Generalitat dicen en público que quieren un perfil técnico, pero han tratado de boicotear su elección hasta el final, sin proponer una alternativa». Este contexto ha generado un clima de tensión, señalando un «veto político» sin precedentes en la historia de la sociedad.
El Ministerio de Transportes ha asegurado que continúa comprometido con todas las infraestructuras ferroviarias de València, consideradas clave para el futuro de la ciudad.
Críticas por la falta de consenso
Desde el consistorio local, se ha criticado que «eso nunca había pasado en esta sociedad, donde siempre se había aprobado por consenso». Según el ministerio de Transportes, se ha preferido imponer un gerente de confianza, sacrificado el nombramiento de consejera que concernía a la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
En el acta de la Junta General celebrada el 4 de junio, tanto la alcaldesa María José Català como Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, mostraron su predisposición a votar a favor de la nueva consejera, siempre que se consensuara el nombramiento del director general.
El Ayuntamiento había propuesto un nuevo director gerente con el objetivo de discutirlo, pero esta petición no fue atendida. La decisión de nombrar a Vicente Palomo como director general fue votada por el Gobierno sin el consenso ni apoyo de las otras administraciones involucradas.
Estatutos y transparencia
Los estatutos de la sociedad, aprobados por unanimidad en diciembre de 2021, establecían una mayoría reforzada del 75% para nombrar al director general. Sin embargo, el Registrador Mercantil había solicitado una configuración más detallada de esta figura, siendo ignorado en su momento. Los actuales representantes apenas fueron informados de esta situación hasta el 1 de julio.
Este hecho ha suscitado críticas severas, ya que se considera que el consenso histórico de la sociedad se ha roto con el nombramiento. Català ha cuestionado al Ministerio sobre su compromiso hacia el túnel pasante, crucial para la infraestructura ferroviaria de la ciudad.
La alcaldesa ha demandado que se mantenga un espíritu de consenso, resaltando la urgencia de acelerar las obras ferroviarias, especialmente el túnel pasante, puesto que su finalización estaba proyectada para 2027. Tanto la alcaldesa como Martínez Mus han enfatizado que se han «retorcido los estatutos» de la sociedad para llevar a cabo esta decisión de manera unilateral.
A pesar de las diversas críticas, la posición de la Generalitat y el Ayuntamiento de València en torno a la necesidad de consenso sigue firme, considerando que este nuevo nombramiento marca un punto de inflexión en la relación entre las administraciones involucradas.
