La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha manifestado su acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien señala de «buscar escudos para protegerse a sí mismo» después de que se haya autorizado la investigación de crímenes cometidos por Israel en Gaza. Esta afirmación surge en un contexto de tensiones políticas y legales en España, especialmente dado que la fiscalía ha iniciado indagaciones sobre posibles delitos de lesa humanidad.
García ha criticado duramente la decisión del fiscal general de investigar las acciones militares realizadas por Israel en la Franja de Gaza, que comenzaron hace casi dos años, y que podrían estar vinculadas a actos de genocidio. La recién proclamada investigación incluye la creación de un equipo conjunto dirigido por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Esta decisión se formalizó en un decreto mediante el cual García Ortiz concedió a Delgado la autorización para actuar como «coinvestigadora» en estas pesquisas, un proceso que había solicitado desde el 28 de julio.
Demandas de dimisión
En declaraciones a la prensa, Alicia García pidió la dimisión de Álvaro García Ortiz. «Lo que tiene que hacer García Ortiz es dimitir y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo», enfatizó, subrayando que su estima respecto a la fiscalía no es positiva. García también comparó la intensidad de esta investigación con la posible ligereza con la que se manejó la decisión de no investigar los correos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como la sospecha de que el fiscal general pudiera haber borrado mensajes relacionados con otros casos.
El contexto se complica aún más tras el anuncio el 9 de septiembre de que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, había decidido abrir juicio oral contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Esto provocó que le fuera impuesta una fianza, inicialmente fijada en 150.000 euros, que fue ajustada posteriormente a 75.000 euros tras la corrección del tribunal.
Con esta serie de eventos, la situación política en España sigue enrareciéndose, afectando la percepción pública de la Fiscalía y los procesos legales en curso, tanto a nivel estatal como internacional.
