La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras ‘low cost’ del Levante, con el fin de eludir los controles y evadir el pago de impuestos. Esta investigación, conocida como operación ‘Tenk’, ha llevado a la detención de 18 personas y a la investigación de otras 14, además de vincular a 40 empresas con el entramado criminal, según informaron fuentes del Instituto Armado.
ABARÁN (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)
La investigación se inició en 2023 tras quejas de vecinos de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), sobre el constante trasiego de camiones cisterna. Como resultado, la Guardia Civil localizó un gasocentro irregular, donde se incautaron más de 70.000 litros de gasóleo, además de maquinaria y depósitos.
Los agentes descubrieron que el combustible era conocido como ‘designer fuel’ (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo y otros componentes que modificaban las características del compuesto original para evitar el pago de impuestos. También se encontró triacetina, un producto que no cumple con las especificaciones para el gasóleo de automoción.
Asimismo, se determinó que este combustible modificado tenía como destino final estaciones de servicio ‘low cost’ en las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia, llevando a descubrir otros dos gasocentros irregulares en Abanilla y Silla (Valencia).
COMBUSTIBLE DECLARADO COMO LUBRICANTE PARA ELUDIR IMPUESTOS
Los investigadores determinaron que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes, no como gasóleo. Este método buscaba eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la Unión Europea (UE), así como el devengo del Impuesto Especial, IVA e Impuesto sobre Sociedades.
Las mezclas de combustible son comercializadas fraudulentamente por organizaciones criminales, causando pérdidas económicas a los Estados miembros de la UE y afectando al sector empresarial por competencia desleal. Además, el uso de estos combustibles pone en riesgo el medio ambiente y la salud pública, y su almacenamiento irregular puede causar daños al consumidor final y a los motores de los vehículos.
UN COMPLEJO ENTRAMADO
La investigación, que ha durado dos años, ha permitido identificar a los miembros del entramado delictivo y las empresas ‘fantasma’ que utilizaban. Algunos de los implicados son ‘testaferros’, personas en situación económica precaria que cobraban por prestar sus datos para formar empresas y abrir cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios se encuentran ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.
En total, 40 empresas de Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona están relacionadas con esta red criminal. Durante la operación, los especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil y los inspectores del Área de Vigilancia Aduanera han inspeccionado 11 estaciones de servicio y empresas.
Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas y 14 investigadas por delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, uno de los conductores de los camiones ha sido imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, al conducir vehículos con mercancías peligrosas sin contar con un permiso de conducción en vigor.
