PAMPLONA, 25 de septiembre (EUROPA PRESS) – La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que el informe Odismet, elaborado por la Fundación ONCE sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en España, recoge datos significativos para Navarra, como el hecho de que sea la séptima comunidad autónoma en tasa de actividad de personas con discapacidad.
Desde UPN (Unión del Pueblo Navarro) han criticado que a la consejera le parezca «una gran posición» estar en la mitad de la tabla, acusándole de tener «poca ambición». Durante una interpelación formulada por el PPN (Partido Popular de Navarra) en el pleno parlamentario, Maeztu afirmó que «sin duda, tenemos que mejorar la inclusión de las personas con discapacidad», pero también enfatizó la importancia de poner los datos en su justo término.
Iniciativas para fomentar la inclusión laboral
Maeztu explicó que existen varias vías, medidas y normativas para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran los centros especiales de empleo, cuyo objetivo es ofrecer trabajo remunerado a personas con discapacidad, sirviendo como apoyo para su integración laboral. «En Navarra hay 17 centros de empleo que financiamos desde el Gobierno de Navarra con un presupuesto de más de 16 millones de euros, en los que trabajan 2.000 personas, casi 750 de ellas mujeres», agregó.
Además, mencionó que también se subvencionan inversiones en estos centros de trabajo, siendo el importe destinado el año pasado a la sostenibilidad de estas entidades de 16,6 millones de euros, cantidad que se ha duplicado desde 2016. Ha indicado que, desde 2017, el número de plazas en estos empleos ha aumentado un 20%, de 1.682 empleos a 2.023 en la actualidad.
Otra vía de acceso al empleo es el empleo público, ya que «hay una reserva del 7% de las plazas» para personas con discapacidad. «Desde la administración estamos trabajando para mejorar la reserva de contratos», mencionó, añadiendo que «dentro del departamento contamos con una unidad dedicada exclusivamente a la valoración y orientación para el empleo de las personas con discapacidad», cuya actividad ha crecido un 43% en los últimos cinco años.
Críticas y propuestas desde la oposición
Por otro lado, Maeztu subrayó que la normativa establece que las empresas con más de 50 empleados deben reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Sin embargo, advirtió que muchas empresas no se atreven a contratar a estas personas, ya sea por desconocimiento o por miedo a no poder adaptar los puestos de trabajo. Este año, el Departamento lanzó una campaña de divulgación en colaboración con Cermin y la Confederación Empresarial de Navarra, con el objetivo de ofrecer información a las empresas sobre las opciones y ayudas disponibles y sensibilizarlas para que contraten a personas con discapacidad.
En conclusión, Maeztu afirma que «tenemos una hoja de ruta bien trazada en el Plan de Empleo, consensuada con los agentes económicos, sociales y los propios interlocutores de la discapacidad en nuestra comunidad». A pesar de esto, también señala que «hemos avanzado» pero que «tenemos que seguir mejorando mucho».
Desde el PPN, Maribel García Malo resaltó que en la Comunidad Foral hay más de 36.000 personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, lo que representa el 5,4% de la población navarra. Aunque ha habido avances, su inclusión laboral «sigue siendo una asignatura pendiente». En este contexto, anunció que el PPN presentará una moción para elaborar una estrategia de empleo y discapacidad, «con objetivos claros, medibles y construida contando directamente con las personas con discapacidad», que sea «ambiciosa» y con «medidas que sirvan de verdad».
La parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, expresó su preocupación por el «exceso de autocomplacencia» de la consejera y su falta de ambición en las políticas que desarrolla, lo que dificulta el avance. En su opinión, el hecho de que Navarra sea la séptima comunidad en tasa de actividad «no es motivo de satisfacción», y reclamó un dato comparativo respecto a hace 20 años.
Desde el PSN, Arantza Biurrun contestó a UPN afirmando que «no hay falta de ambición, ni autocomplacencia», y destacó que la interpelación permitió reiterar el compromiso del Gobierno de Navarra y de los grupos parlamentarios por la inserción laboral de las 36.317 personas con discapacidad del país. Sin embargo, reconoció que aún quedan muchos obstáculos para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades al mercado laboral.
Por parte de EH Bildu, Txomin González consideró que, aunque se han dado pasos en Navarra, persisten incumplimientos y déficits que deben ser corregidos. En nombre de Geroa Bai, Isabel Aranburu destacó que, si bien hay mucho que avanzar, se han sentado bases sólidas. Finalmente, desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez aseguró que «las personas con discapacidad ni gozan de igualdad real, ni de justicia, ni de atención», y que su participación en el mercado laboral «sigue siendo, no baja, sino bajísima».
