La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha expresado su desacuerdo con el decreto que se prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Este decreto introduce nuevos requisitos para la creación de universidades privadas que afectan a tres proyectos en la comunidad y, según Pérez Forniés, «va en contra de la prosperidad de Aragón».
La consejera ha criticado las exigencias que deben cumplir las nuevas universidades privadas, tales como contar con una masa crítica de 4.500 estudiantes, disponer de recursos económicos para mantener el proyecto y obtener un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Estas condiciones, argumenta, modifican las reglas establecidas en 2021.
Además, ha señalado que el real decreto invade las competencias autonómicas al pasar al Estado la responsabilidad de creación de universidades online, a excepción de Cataluña y País Vasco, que han negociado sus condiciones particulares. «Una vez más, cualquier materia es moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa», ha afirmado Pérez Forniés.
La consejera también ha indicado que la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos y que el 75% de los profesores de universidades online residan en España «nada tienen que ver con la calidad de la docencia y de la investigación».
Por otro lado, considera que estos requisitos son insensibles al tamaño de los territorios y sus particularidades, así como a la despoblación, lo que agrava la desigualdad en Aragón. En este contexto, ha resaltado la necesidad de que el Ejecutivo autonómico retenga el talento aragonés y atraiga nuevos estudiantes, ya que alrededor de 1.500 de los 7.000 jóvenes que aprueban la prueba de acceso a la universidad cada año abandonan la comunidad para continuar sus estudios en otras regiones.
«Por eso, necesitamos más plazas, más grados, en más territorios, y trabajaremos por un nuevo modelo de convivencia entre las universidades públicas y privadas, como hemos hecho durante los últimos 20 años», ha subrayado la consejera.
Finalmente, Pérez Forniés ha admitido que su departamento aún no tiene información detallada sobre el contenido del decreto y que, tras su revisión, se valorará el impacto de estos requisitos en los tres proyectos de universidades privadas en tramitación en Aragón. «Llevamos más de siete meses esperando noticias de la autoridad competente», concluyó, haciendo referencia al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
