MADRID, 22 de octubre (EFE) – El exconsejero catalán Toni Comín ha recogido este jueves en la Junta Electoral Central (JEC) su credencial como eurodiputado de Junts tras prometer la Constitución española por imperativo legal y «por fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre» de 2017, fecha del referéndum ilegal de independencia de Cataluña.
La comparecencia de Comín ante la JEC, situada en dependencias del Congreso en Madrid, ha sido posible tras la confirmación del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, siguiendo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y dejando sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre él y el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Comín encabezó la candidatura de Junts a las elecciones europeas de junio de 2024 y logró el único escaño de la formación, aunque no completó los trámites exigidos por la legislación española, temiendo ser arrestado al pisar España. Su asiento en el Parlamento Europeo ha permanecido vacante desde entonces, aunque el exconseller ya había ejercido como eurodiputado durante la legislatura 2019-2024.
«El desplazamiento a Madrid no supone el fin del exilio»
Comín, acompañado de su abogado Gonzalo Boye y del diputado de Junts Josep Pagès, ha afirmado que su traslado a Madrid no significa el término de lo que denomina su «exilio», que prevé finalizar el próximo domingo, cuando planea regresar a Cataluña.
Después de cumplir con los trámites legales, Comín se presentó ante la prensa y, en una declaración sin admitir preguntas, explicó que su presencia en Madrid ante la JEC era «imprescindible» para asumir el escaño, aunque se quejó de que la cita se fijara antes de su previsto retorno a Cataluña este fin de semana.
El ya eurodiputado había anunciado un acto público para este fin de semana que simbolizaría su regreso tras cruzar la frontera francesa. Considera que su citación en Madrid este jueves fue un intento de obstaculizar sus planes mediáticos, interpretándolo como un «derecho al pataleo» y una muestra de «mal perder» por parte del Estado, que, según él, emplea «recursos penales, políticos y de espionaje» contra el independentismo.
