La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que celebre una vista en la que se le permita rebatir la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de mantenerle en prisión provisional. En un recurso de apelación al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y acuerde «la inmediata puesta en libertad» del ex ‘número tres’ de los socialistas.
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La defensa asegura que no hay razones para mantener a Cerdán en prisión provisional y reprocha que la justificación del instructor sea que se deben «proteger las fuentes de prueba de las relaciones con Servinabar y con Acciona». Ambas empresas han sido señaladas por la Guardia Civil por el presunto amaño de contratos de obra pública. En el caso de Servinabar, los agentes sostienen que el exdiputado del PSOE habría adquirido 1.350 participaciones por 6.000 euros.
Consideran que «no se explica ni concreta lo que se pretende proteger en este marco, dado que los responsables de Servinabar y Acciona se encuentran en situación de libertad». En este sentido, los letrados sostienen que el argumento del magistrado es «claramente falaz», ya que acuerda prisión «únicamente» para Cerdán y no para el resto de personas presuntamente vinculadas con ambas empresas.
«No se adopta medida alguna con relación a los intervinientes que son los poseedores de la documentación y los titulares de las responsabilidades contables, financieras y humanas de dichas mercantiles pretendidamente relacionadas con Cerdán», añaden, al tiempo que advierten que «bajo ningún concepto» pretenden sugerir el ingreso en prisión de terceros.
La defensa incide en que es «evidente» que «en el caso hipotético que existiera alguna prueba pendiente de obtener en relación con dichas mercantiles, difícilmente puede justificarse la prisión del ciudadano que no estaría en posesión de dicha documentación». Además, insisten en que la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige «concretar cuáles son estas fuentes de prueba que se pretenden proteger».
Los letrados de Cerdán sostienen que «no existen» pruebas y que «la investigación se encuentra construida sobre el vacío y en un peligroso círculo vicioso en el que la falta de hallazgo de pruebas por parte de los investigadores se utiliza como justificación para prorrogar la prisión a la espera de que, finalmente, estas fuentes de prueba aparezcan y puedan ser aportadas a las actuaciones».
Asimismo, insisten en que se encuentran «atrapados» en «una pesquisa general que no sabe concretar cuál es exactamente la conducta concreta imputada a Cerdán». Reprochan al magistrado que designe a Cerdán como un «elocuente denominador común» como «fuente de imputación/indicio de criminalidad». Subrayan que «no se puede aplazar al futuro la concreción de la imputación de alguien que se encuentra en prisión».
En este sentido, censuran que «en lugar de poner en libertad al investigado cuando los argumentos para mantenerlo preso decaen, se procede a una particular forma de hibernación procesal, manteniendo preso a un ciudadano a expensas de lo que pueda aflorar en el futuro en una investigación policial».
En la misma línea, la defensa recalca que en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro investigado, José Luis Ábalos, Cerdán «no aparece en ningún momento relacionado con el patrimonio» del extitular de Transportes. Subrayan que del informe del pasado 3 de octubre «no se puede afirmar que haya existido pago alguno de Cerdán a Ábalos, tal como se presumía e imputaba en el atestado del junio pasado». «La realidad documental, contable, bancaria y material de Ábalos estudiada por la unidad de élite de la Guardia Civil no confirma la hipótesis de la acusación. A pesar de ello, el Sr. Cerdán sigue preso a día de hoy», añaden.
Los letrados insisten en que «la inmunidad parlamentaria de Cerdán ha sido violentada de forma clara en este procedimiento y que de este atropello de su aforamiento es de donde nace la imputación que lo lleva a prisión provisional». En consecuencia, defienden que dicha prisión provisional «deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como Diputado del Congreso».
Finalmente, han expresado su preocupación ante la última queja, en la que advierten que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, «podría llegar a disponer de los informes de la UCO incluso antes de su presentación ante el Tribunal Supremo». Asimismo, cuestionan las grabaciones realizadas por el asesor ministerial Koldo García que están en manos de la Guardia Civil y que se utilizaron en el informe de junio.
